La Casa Real seguirá al margen

Pese a las peticiones de varios partidos y de múltiples organizaciones ciudadanas, el Gobierno no incluirá a la Casa del Rey entre las instituciones del Estado que quedan obligadas a realizar un importante ejercicio de transparencia de su gestión. El Ejecutivo insiste en que no es posible porque no es una administración pública. La ley sí que obliga a divulgar todos los detalles de gestión a las empresas, organismos y fundaciones públicas, a las Cortes, al Poder Judicial, a los tribunales Constitucional y de Cuentas, los consejos de Estado y Económico y Social, y al Defensor del Pueblo. Según el anteproyecto, incluso obligará a las empresas privadas en sus contratos con las administraciones públicas.

En la nueva norma, tras analizar las aportaciones de los ciudadanos —casi 3.700, después de 78.000 consultas por Internet al anteproyecto— el Ejecutivo ha decidido además reforzar la independencia de la futura Agencia de Transparencia. Así, este organismo —hasta ahora agencia de calidad de los servicios— tendrá un régimen de nombramiento de su presidente similar al de los organismos supervisores.

Los colegios profesionales quedarán incluidos en la ley dentro de las corporaciones de derecho público, y también estarán los adjudicatarios de contratos, obligados a partir de ahora de informar sobre su gestión. Se amplía asimismo la información sobre los contratos con nuevos elementos, como desistimientos y renuncias, y entran en la ley los contratos menores —que no estaban en el borrador— sobre cuyos montantes y principales aspectos se dará información trimestral.