El PP augura una «dolorosa reforma» del sector público con miles de despidos
«Dura y dolorosa». Así será la reforma del sector público que elabora el Gobierno y que, según indicaron cualificadas fuentes del PP, provocará una notable pérdida de empleos en el corto plazo.
Los populares advirtieron de que el Ejecutivo sólo ha realizado hasta el momento los ajustes «más urgentes», pero que continuará en la senda de la consolidación fiscal y las reformas estructurales para intentar recuperar la confianza de España en el tablero económico internacional.
Una vez aprobada las reformas laboral y del sistema financiero y el ajuste de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, Mariano Rajoy quiere meter la tijera en lo que considera una «sobredimensionada» plantilla de empleados públicos que en 2011 superaron los 2,7 millones de personas.
La intención del Ejecutivo es que este adelgazamiento del sector público tenga reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que presentarán en el Congreso en septiembre. Para ello empleará una triple vía: la privatización de servicios, la eliminación de duplicidades entre las administraciones central, autonómica y local, y la aplicación de las nuevas normas que impidan que los gobiernos puedan gastar más que lo que ingresan.
«Camino difícil»
Los populares auguran que será un camino difícil, ya que el Gobierno sólo puede actuar de forma directa sobre el 22% de los empleados públicos que pertenecen a la administración central. Las comunidades autónomas emplean al 50% de estos funcionarios y los ayuntamientos, casi al 24%.
No obstante, los dirigentes del PP enfatizan que el «histórico» acuerdo cerrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves donde los gobiernos central y autonómico reafirmaron su compromiso con la reducción del déficit puede ser una fórmula utilizable para la reducción de personal.
El Gobierno pretende con esta nueva reforma reducir el peso de los servicios públicos en el Producto Interior Bruto de España del 45% actual hasta el 35%, es decir, regresar a porcentajes de 2004. Una reducción de plantilla que supondría el despido de decenas de miles de trabajadores públicos.