Piden devolver al Gobierno la reforma de la Ley Comunicación Audiovisual

Los grupos parlamentarios del PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y el BNG han presentado en el Congreso sendas enmiendas de totalidad en las que piden devolver al Gobierno el proyecto de Ley de modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas.

El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el proyecto de Ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.

En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos", según avanzó en aquel momento la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, elimina la obligatoriedad de que las públicas deban ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero la producción y edición de dichos informativos.

"Despublicación de la televisión"

Así las cosas, la enmienda del PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, defiende que el texto presentado por el Gobierno supone la "ruptura" con el modelo de televisión pública que se ha ido construyendo en España desde los años 80.

A su juicio, que el Gobierno abra la puerta a la privatización de los canales públicos autonómicos representa un "embate profundo" al modelo de televisión pública que se recoge en la actual normativa. Es más, dice que no se trata sólo de privatizar la gestión de las públicas, sino de privatizar su titularidad, "produciéndose el 'despublicatio' o despublificación del servicio".

En su opinión, esta flexibilidad que concede el Ejecutivo en la gestión de las autonómicas es "aparente", frente a las "estrictas" obligaciones que impone el proyecto de ley del Gobierno a aquellas comunidades que decidan mantener el servicio público de televisión mediante la gestión directa. "Van a abocar casi inexorablemente en una privatización de la gestión o en la supresión del servicio público", alerta.

Por otro lado, destaca que una de las principales características del carácter público de la televisión es la producción propia de sus servicios informativos, una exigencia que en el proyecto de ley del Ejecutivo se suprime, permitiendo que en un modelo de gestión directa el ente autonómico pueda ceder a un tercero la producción y edición de dichos informativos.

En otro orden de cosas, rechaza el texto del Gobierno porque dice que "debilita" a la FORTA, impidiendo que se generen las sinergias que hasta ahora se producían, fundamentalmente en su función de central de compras, al mismo tiempo que advierte de que incide en el ámbito competencial, al imponer a los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, obligaciones "muy concretas y exhaustivas de gestión", que exceden el ámbito competencial del Estado.

Mientras, la portavoz de la formación 'magenta', Rosa Díez, coincide con los socialistas en que incide en el ámbito competencial, al mismo tiempo que argumenta que este proyecto de ley debe devolverse al Ejecutivo porque las televisiones autonómicas son "insostenibles" desde el punto de vista financiero.

Igualmente, critica que las televisiones autonómicas han sido "víctimas" de una "preocupante utilización partidista" por las distintos gobiernos autonómicos, a lo que se le debe unir una "considerable opacidad y falta de transparencia en su gestión".

"Este proyecto se limita exclusivamente a intentar mejorar la situación de déficit económico de las televisiones autonómicas, y además se hace de una manera totalmente desacertada, desnaturalizando la finalidad de servicio público esencial a cualquier televisión pública y con unos mecanismos para intentar conseguir la consolidación presupuestaria que es insuficiente e inadecuada", sentencia.

A favor de operadores audiovisuales

La enmienda de devolución de la Izquierda Plural, registrada por su portavoz en la Comisión de Industria, el diputado aragonesista Chesús Yuste, tacha de "sumamente negativa" la posibilidad de privatizar los medios audiovisuales autonómicos, que se abre mediante esta modificación normativa.

"Esta reforma constituye una operación que responde a los intereses de los grandes operadores audiovisuales, que pasa por adelgazar la competencia pública. Por eso, los operadores privados vienen abogando reiteradamente por debilitar los medios públicos, limitando la publicidad o los contenidos que puedan emitir", agrega.

Igualmente, dice que la voluntad del Gobierno 'popular' pasa por "liquidar el servicio público audiovisual sin complejos", al plantear en la reforma normativa la posibilidad de convertir en licencias las frecuencias que las comunidades no decidan activar para prestar servicio público, o de transferir a un tercero una emisora pública en funcionamiento.

Con ello, defiende que este proyecto de Ley supone una "nueva muestra del intervencionismo" del Gobierno central en las competencias de las comunidades autónomas, como plantea en su articulado al especificar las condiciones y mecanismos de la gestión del gasto público, según indica.

"Un paso atrás"

Desde el BNG, alertan en su enmienda a la totalidad de que este proyecto de ley protagoniza "un paso atrás" en los modelos de gestión de los servicios públicos audiovisuales al abrir la posibilidad de la privatización en la gestión de los canales autonómicos.

En opinión de los nacionalistas gallegos, la gestión de los canales autonómicos es una facultad de las comunidades autónomas, a la que no debe entrar el Estado. "Se trata de una materia relacionada con las facultades de autoorganización de los propios servicios públicos autonómicos, en este caso audiovisual, que cualquier indicación o pretensión de armonización por el Estado implica una clara intromisión en un terreno vedado por Estatutos de Autonomía", añade en su exposición de motivos, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Desde ERC, insisten en que este proyecto de Ley mantiene una "flagrante invasión competencial" de la Generalitat catalana, en materia de autonomía financiera y medios de comunicación. "Es absolutamente intolerable que además pretendan limitar aún más esta autonomía, con esta ingerencia en la regulación de la organización y el sistema de financiación del servicio público de televisión", añade.

Una tramitación de urgencia

La Mesa del Congreso aceptó a finales de abril la petición del Gobierno de tramitar este proyecto de ley por la vía de urgencia, acortando todos los plazos parlamentarios a la mitad.

Esta decisión de urgencia no se adoptó entonces por unanimidad puesto que el PSOE votó en contra y acusó al Gobierno de haber tenido congelado dos meses el anteproyecto, con los informes preceptivos correspondientes del Consejo Económico y Social (CES) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), para ahora acelerar de golpe toda la tramitación parlamentaria.

Las enmiendas a la totalidad de la reforma serán debatidas, previsiblemente, en el Pleno del Congreso del próximo 31 de mayo. En concreto, en España existen 13 operadores públicos de titularidad autonómica que emiten en un total de 26 canales, siendo solamente cuatro comunidades (Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja) las que no cuentan con operador público en su ámbito territorial.