Las cuencas van a la huelga

La batalla está servida. El Gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a su primer conflicto minero con la convocatoria ayer de cuatro jornadas de huelga en la minería de toda España, una de ellas general en las comarcas mineras, para reivindicar la continuidad de un sector «abocado al cierre» por los recortes del Ejecutivo.

Así lo acordaron ayer los dirigentes estatales de la Federación de Industria de CC.OO. y de Fitag-UGT, en una reunión celebrada en Oviedo para pactar el calendario de movilizaciones. Serán cuatro las jornadas de paro total contra «una irracional propuesta del Gobierno del PP», según avanzaron Juan Carlos Álvarez Liébana y Víctor Fernández tras la reunión. Las movilizaciones arráncarán mañana y seguirán el jueves, jornada en la que, además de la huelga, también se ha convocado una concentración de protesta en cada una de las comunidades con actividad minera. El paro seguirá los días 30 y 31 de mayo y en esta última jornada se convoca al sector a una gran manifestación en Madrid. Además, en una de estas fechas la movilización se extenderá a todos los sectores de las comarcas mineras.

Las valoraciones de los representantes sindicales confirman la determinación del sector para no ceder ante las pretensiones del Gobierno, que ha recortado en un 63% las ayudas a la producción en el proyecto de Presupuestos Generales del 2012. En concreto, Liébana se refirió al recorte como «una agresión nunca vista» ante la que se prepara una respuesta «lo suficientemente contundente para que el Gobierno entienda que no vamos a permitir el cierre del sector».

 

Conflicto global

Los sindicatos advierten al Ejecutivo que la solución debe ser «global», para el conjunto del sector «y para todas las comunidades autónomas afectadas». Si no hay marcha atrás «las movilizaciones convocadas tan sólo serán el principio de un proceso que no parará hasta haber alcanzado una solución satisfactoria para la minería del carbón y para las comarcas mineras».

Las reivindicaciones sindicales van más allá de las ayudas a la producción y denuncian también los recortes en los presupuestos para la reactivación de las comarcas mineras, incumpliendo así los acuerdos firmados hace un año sobre las partidas para infraestructuras, proyectos empresariales, formación y becas y seguridad minera. Se trata en total de la desaparición de 450 millones de euros que debían ser invertidos este año en las comarcas mineras, sin incluir los remanentes que no llegaron a ser liberados en las cuencas y que suponen 400 millones más que el Gobierno ha desviado a otras partidas pese a que, en un principio, tanto el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, como el consejero de Economía, Tomás Villanueva, los consignaron como la salvación del sector.

Según señaló ayer Liébana, la huelga no es la primera opción de los sindicatos pero se han visto «obligados» a tomar medidas tras la ruptura del diálogo social. La única exigencia es clara: que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos con el sector para evitar el «desarraigo social y económico» de las cuencas mineras.