Los vocales del Consejo del Poder Judicial se dividen ante una posible dimisión de Dívar
El archivo de la denuncia por malversación contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, parece no haber apaciguado las aguas que bajan revueltas en el órgano de gobierno de los jueces. El hecho más palpable es que el lunes, tan sólo unas horas después de que la Fiscalía exculpara a Dívar por sus gastos secretos, los vocales no hicieron una defensa cerrada de su presidente tras una reunión informal.
Es más, lejos de mostrarle su apoyo, la mayoría de los 17 vocales presentes en esa reunión de urgencia emplazaron a su superior a que explicara de forma pormenorizada los gastos a protocolo de los 20 viajes a Marbella que fueron objeto de la denuncia presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez. Y dieron una fecha tope, el jueves en un pleno extraordinario. Sin más dilaciones.
Este gesto deja bien a las claras las fuertes tensiones existentes en la principal institución judicial del país desde que se presentó la denuncia el 9 de mayo. Pese a las críticas a Gómez Benítez por su forma de actuar, denunciar ante la Fiscalía en vez de informar antes al pleno del Consejo, para un grupo amplio de vocales el archivo de la Fiscalía es un cierre en falso. Primero porque Dívar ha callado durante la investigación, sin dar explicación alguna; segundo porque esperaban que el presidente diera un paso adelante y asumiera su responsabilidad por el bien del órgano de gobierno de los jueces.
Como ninguna de las dos cosas se produjo, las tensiones en el Consejo crecieron ayer a la espera del pleno extraordinario de mañana. ¿Y cómo se llega a este reunión? Con la certeza de que gana fuerza la posibilidad de pedir o forzar la dimisión de Dívar, según coinciden varias fuentes del Poder Judicial.
Para reclamar la salida del presidente, un hecho inédito en la judicatura española, es necesario que 13 de 20 vocales unan sus fuerzas en el pleno para lograr una «mayoría reforzada». En cambio, para forzar su dimisión basta con que los consejeros hagan ver al presidente que lo mejor para subsanar la maltrecha imagen de la institución es que se vaya. Y qué mejor momento que ahora, después de que la Fiscalía diera carpetazo a la denuncia. De momento, cualquiera de las opciones está encima de la mesa, aunque la segunda es más factible.