La juez impone una fianza civil de 807 millones al exconsejero de Empleo

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en la cárcel de Morón de la Frontera desde el pasado 24 de abril, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En este sentido, las mismas fuentes consultadas han señalado que, en un auto notificado este mismo miércoles a las partes personadas en el procedimiento, la juez Mercedes Alaya impone una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo, fianza que va dirigida a que abone la futura responsabilidad civil y no para eludir la prisión, que, tal y como decretó la instructora, es comunicada y sin fianza.

Durante la comparecencia de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción, además de solicitar el ingreso en prisión del exconsejero del ramo, pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 890.052.666 euros, para lo que tomó como punto de partida "el papel principal" del imputado en la "trama" creada para "la dación arbitraria e indiscriminada de los fondos públicos de la Junta de Andalucía".

Así, el fiscal argumentó que, de manera concreta, esa fianza debería cubrir, en primer lugar, los fondos que se han ido abonando entre 2001 y 2010 por el IFA e IDEA en virtud del convenio firmado por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en relación a ayudas sociolaborales y ayudas directas. Según el fiscal, esta cantidad ascendería a un total de 664.563.700 euros.

Además, expuso que a esta cantidad habría que sumar 1.531.299,51 euros por las primas pagadas por la póliza de Río Grande, así como las cantidades correspondientes por las primas pagadas por pólizas individuales de Rafael Ruiz García, Alejandro Millán Torres, Antonio Arquero García, Rafael Rosendo Villavieja, Estrella Blanco García y José Antonio García Prieto. Una vez sumado el tercio legal previsto, el fiscal fijó su petición de fianza civil en 890 millones de euros.

La juez le imputa seis delitos

Las acusaciones ejercidas por PP y Manos Limpias se adhirieron a la petición de la Fiscalía, mientras que el letrado de la Junta de Andalucía pidió una fianza civil de 68 millones de euros, así como la obligación del imputado de comparecer semanalmente en el Juzgado y la retirada del pasaporte.

El exconsejero de Empleo, que declaró durante cuatro días ante la magistrada, permanece en prisión desde el pasado día 24 de abril imputado por seis delitos, en concreto cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

Hay que recordar que la juez ya impuso una fianza de responsabilidad civil de 686.190.686,36 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, en la cárcel de Sevilla-I desde el 10 de marzo, mientras que a los diez días también ingresó en prisión el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.

Pendiente del recurso de apelación

Asimismo, hay que recordar que el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla la decisión de la juez de enviarlo a prisión, recurso al que se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción al entender que existe riesgo de fuga.