Dívar zanja la polémica: «La Fiscalía me ha exculpado y no pienso dimitir»
El presidente del CGPJ se aferra al cargo sin dar explicaciones por sus viajes.
Dívar, la semana pasada, en una entrega de premios.
«La Fiscalía me ha exculpado y no vio indicios de responsabilidad penal. Por ello no pienso dimitir». Esta fue la respuesta que dio Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, para desactivar la petición de dimisión de cinco de los 20 vocales del Consejo, según fuentes presentes en el pleno extraordinario celebrado ayer.
Dívar zanjó así la peor crisis institucional sufrida por el órgano de gobierno de los jueces en sus 32 años de existencia sin dar explicaciones públicas sobre sus gastos privados cargados al erario del Consejo y lamentando a través de una nota, leída por la portavoz, Gabriela Bravo, el «grave quebranto» causado al Poder Judicial, al Supremo y a toda la carrera profesional. Tras cinco tensas horas de pleno «deliberativo y de carácter secreto», la máxima autoridad judicial del país se aferró al cargo con uñas y dientes sabedor del apoyo de una mayoría de vocales. De los 20 consejeros, siete manifestaron en la reunión su total respaldo y ocho no estimaron la posibilidad de que dimitiera, como plantearon cinco vocales, entre ellos el denunciante, José Manuel Gómez Benítez, y la exnúmero dos de Interior Margarita Robles, ambos nombrados por el PSOE
Antes de que las cartas se pusieran boca arriba, Dívar dio su particular versión sobre los 13.000 euros cargados a protocolo en sus 20 viajes a Marbella en tres años, y que desencadenaron la grave crisis institucional
El presidente lamentó, en primer lugar, las consecuencias que ha tenido este asunto para la credibilidad del Consejo, y se agarró con fuerza a los argumentos que dio la Fiscalía del Supremo para archivar la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por Gómez Benítez.
«Lo dice muy claro. Ni vio indicios de delito ni aprecia que yo quisiera lucrarme con estos viajes», vino a explicar Dívar a los vocales, según fuentes de la reunión. Después llegó su propuesta genérica de que trabajaría para que el Consejo se dote de mayores medidas de transparencia sobre los gastos de los viajes. Y a partir de ahí se abrió la veda para la intervención de los vocales.
Tomaron la palabra aquellos que respaldaron a Dívar y criticaron con dureza al denunciante Gómez Benítez, al que pidieron que dimitiera por la «campaña de desprestigio intencionada» que ha socavado la imagen del órgano de gobierno de los jueces. Fueron siete consejeros, entre ellos la portavoz Gabriela Bravo, nombrada por el PSOE, quienes remitieron un comunicado a los medios atacando las formas de su compañero. Acusaron a Gómez Benítez de haber metido al Consejo en «esta guerra» después de acudir a la Fiscalía a sabiendas de que no había delito, le recordaron sus menciones a las «corruptelas» del organismo y su denuncia de que los vocales habían sido «cooperadores necesarios» del presidente.