Sin carbón no hay futuro
Opinión | JAVIER CEPEDANO
presidente de la federación leonesa de empresarios
Tal vez a alguien le pueda parecer excesivo el titular de este comentario. Pero lamentablemente no hay en él ninguna desmesura sino, sencillamente, una afirmación que va a tener grandes dosis de verosimilitud si, al final, el Gobierno no cede y persiste en su intención de mantener el recorte del 63% en las ayudas al sector y de incumplir al mismo tiempo el Plan del Carbón, lo que genera a todas las empresas una clara situación de inseguridad jurídica. Es decir, que una decisión irresponsable —la supresión de las ayudas— se le añade un abuso de poder por parte del actual Gobierno y, más particularmente, de su ministro de Industria, que no ha sabido —o no ha querido— ver las graves consecuencias que van a tener tanto los recortes como el impago del dinero ya comprometido en el aludido Plan.
Para un correcto entendimiento de la verdadera dimensión del problema no se debe olvidar que en la actualidad este sector suma en la provincia de León 3.000 empleos directos y otros tantos indirectos y que las tres cuencas leonesas —Villablino, La Robla y El Bierzo— producen cuatro millones al año de mineral, lo que representa un volumen económico de 400 millones de euros al año o, si se prefiere, 33 millones de euros al mes, es decir, 5.500 millones de las antiguas pesetas. ¿Qué otro sector de la provincia puede ofrecer estos datos?
Pues bien, puede afirmarse con absoluta contundencia y claridad que ese volumen de empleo y esas producciones están ahora mismo amenazadas por las medidas gubernamentales, lo mismo que el futuro de las cuencas que depende del carbón y del mantenimiento de la actividad en las explotaciones, porque, de momento, no hay otra alternativa, ya que los planes de reindustrialización no han conseguido, ni mucho menos, realizaciones suficientes para poder prescindir del carbón. Por ello, en estos momentos, la desaparición del sector significaría la muerte segura de las cuencas leonesa.
Para la Federación Leonesa de Empresarios, la defensa del carbón siempre ha sido un objetivo preferente y ahí están las hemerotecas para demostrar la veracidad de esta afirmación. Hace algunos meses cuando se planteó la prolongación de las ayudas públicas a las explotaciones deficitarias por parte del Parlamento Europeo, nuestra organización emitió un comunicado público en el que se ponía de manifiesto que, aunque se valoraba positivamente dicha prolongación, resultaba a todas luces insuficiente el horizonte del 2018 fijado como fecha tope para la percepción de las ayudas, teniendo en cuenta que se trataba de un plazo muy corto para que las empresas pudieran planificar, con las debidas garantías de futuro, sus inversiones, que en el caso de la minería siempre son costosas y complejas en recursos y capital.
Poco después y viendo que el panorama que ofrecía el sector seguía estando caracterizado por la incertidumbre, los presidentes de varias asociaciones sectoriales integradas en la Fele mantuvieron una reunión que respondía a la preocupación generalizada que en ese momento ya existía en todos los sectores productivos por las graves consecuencias que se podían derivar del cese de la actividad minera, fundamentalmente en las cuencas, pero también en el resto de la provincia, debido al peso capital que sigue teniendo la minería del carbón en nuestro entramado económico.
Es decir, que para la Federación Leonesa de Empresarios la defensa del carbón es una cuestión fundamental y prioritaria y así lo va a seguir siendo, sobre todo en momentos como el actual en el que se pueden llevar a cabo medidas claramente perjudiciales para las empresas y para el empleo del sector.
La crisis económica ha castigado con especial virulencia a la provincia de León y el cierre de las explotaciones mineras vendría a ser como un nuevo paso hacia el abismo; un abismo irreversible. Por ello, en este inquietante escenario no cabe ni la resignación, ni la pasividad, ni mucho menos la justificación de cualquier estrategia política que en lugar de estar orientada a la solución del problema pretenda únicamente el desgaste del Gobierno.
Indudablemente, el primer responsable del conflicto generado es el Gobierno, pero la constatación de este hecho no debería impedir que los demás agentes sociales, responsables públicos y políticos nos situemos en la primera línea de defensa del sector, exigiendo en primer lugar la inmediata revisión del imponente recorte de las ayudas, exigiendo también el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del Plan del Carbón 2006-2012 y, finalmente, demandando una reflexión en profundidad y rigurosa sobre el futuro mas inmediato del sector, partiendo del carácter estratégico del sector.
Como hemos venido manifestando reiteradamente desde nuestra organización, el del carbón es un sector estratégico que contribuye a reducir nuestra dependencia energética de otros países y que por ello mismo se debe proteger, ya que, independientemente de las tensiones que pueda provocar la constante escalada de los precios de otros combustibles fósiles, hay que pensar en la durabilidad de éstos.
Además, podría darse el caso de que en un futuro no muy lejano el incremento de los precios del carbón pudiera llevar al sector a niveles de rentabilidad suficientes como para no necesitar ningún tipo de ayuda para asegurar el mantenimiento de las explotaciones, al ser éstas capaces de producir carbón a precios competitivos.
Pero a mayor abundamiento tampoco se debe dejar de considerar otro hecho fácilmente constatable cual es que la minería leonesa no es un lastre para la economía nacional porque, como ha demostrado un cualificado estudio realizado por una cátedra de la Universidad de Oviedo por cada euro que recibe el sector devuelve tres a la Administración.
En definitiva, creo que hay razones más que suficientes para apostar por el carbón, por el mantenimiento de las explotaciones y el empleo del sector, y por el propio desarrollo socioeconómico de las cuencas a las que, en justicia, no les podemos poner ahora el cartel de cerrado por defunción. Ellas también tienen derecho al futuro.