Por razones

Es cierto: hasta hoy ningún gobierno ha diseñado con claridad una planificación energética racional, y de aquellos bandazos estos déficits de tarifa y estos pulsos con las eléctricas. Y ahí sí que nadie ha querido meter mano. Pero no es menos cierto que la minería tiene firmado un plan de obligado cumplimiento para el Ejecutivo de turno. Que el carbón tiene las bendiciones de la normativa europea para que el Gobierno apoye su consumo si lo considera estratégico. Y que su fin precipitado no deja de ser una decisión política.

El enrocamimento del ministro de Industria en su tijeretazo al sector minero carece también de justificación económica. Los poco más de 150 millones de euros que les faltan a las empresas para mantener la actividad este año, incluso los fondos destinados a una reactivación (de resultados más que discutibles, pero también comprometidos aunque tengan que revisarse), quedan en calderilla si se comparan con otras partidas económicas repartidas con mayor alegría pese al estricto adelgazamiento presupuestario. Ahí están algunas infraestructuras que, por más que se intente correr, no van a llegar a destino de manera inmediata. Con retrasar 15 kilómetros de una autovía cualquiera la minería salva sus muebles este año. La comparación se comenta por sí sola.

Es más, si el Gobierno quiere realmente ahorrar, debería intentar mantener a flote un sector que tiene asumido que va a seguir sufriendo, pero cuya desaparición va a salir muy cara. Más de 6.200 millones de euros, según calcula la patronal minera. Hasta por la cuenta de la vieja no le salen las cuentas del cerrojazo minero al ministro: por cada euro que invierten las arcas públicas en ayudas al funcionamiento recibe tres a través de los impuestos y las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores.

Y aunque no fuera así no se justifica el inesperado volantazo con el que el PP pretende sacar de la circulación una actividad de la que dependen miles de personas. La minería lleva más de 25 años en proceso de reestructuración, perdiendo producción y empleo, contemplando impotente el declive de las comarcas que no se resignan a vivir atenazadas por la amenaza permanente, y que han convertido la lucha en una forma de existencia. Sólo con la esperanza de seguir un trecho más antes de tener que pelear de nuevo por sobrevivir.

Desde finales de los ochenta los planes del carbón han intentado sin éxito crear alternativas económicas al monocultivo minero. Sí han conseguido reducir, a menudo por encima de lo pactado, una actividad que en las condiciones actuales no puede competir en el mercado.

A finales de este año concluye el cuarto Plan del Carbón. Desde 1990 hasta el 2006, cuando entró en vigor, la minería había pasado de 234 a menos de 30 empresas, y de una produccón de más de 19 millones de toneladas a poco más de 12. El recorte más drástico se dio en el empleo: de 45.212 trabajadores a 8.284 (un 82% menos). Este año tenía que acabar con 5.305 trabajadores, pero la pérdida de empleo es ya mayor. Porque tampoco los compromisos sociales del plan se han cumplido.

Los últimos tres años han sido especialmente duros para la minería. Una negociación sin fin de recortes sobre los recortes, de incentivos que desaparecen para reponerse bajo otras fórmulas tras colocar al sector al borde de la quiebra, de plazos finalistas que contradicen la evolución y las previsiones mundiales en materia energética.

El carbón nacional no es competitivo en el mercado (al menos no lo es la mayor parte del tiempo), y seguramente necesita mejoras. Pero tiene el amparo de la política energética europea: «Por motivos de seguridad del suministro los Estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada (...) de energía primaria autóctona en una proporción que no supere el 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que consuma el Estado».

Un artículo que, según recoge el Plan del Carbón, «permite dar despacho preferente a la electricidad generada con carbón nacional».

Y si, en último extremo, la voluntad del Gobierno de Rajoy es librarse del sector, en ningún caso se justifica la forma en que está actuando. Lo han dicho los empresarios: que plantee un cierre ordenado. Y lo interpretan los mineros: falta mucho para que las cuencas se rindan a desaparecer.

Pero de una u otra forma será una decisión política, que no puede justificarse por motivos económicos. Hay demasiados argumentos para rebatirla.