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León

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Opinión | Arturo Fernández Rodríguez

Secretario Provincial de UGT de León

Son muchas las generaciones que han vivido de la actividad minera, y han creado su medio de vida en sus territorios. Desde los años ochenta, se vienen produciendo recortes sucesivos, que con distintos planes, los distintos gobiernos han limado permanentemente actividad, disminuyendo el número de trabajadores, fundamentalmente en las minas de extracción subterránea, pero ningún gobierno se ha preocupado realmente de elaborar planes de industrialización, para mantener la actividad económica y el empleo en las comarcas mineras.

A lo largo de los años, estamos asistiendo permanentemente «plan tras plan» a la reducción de la capacidad de extracción y por lo tanto a la reducción del número de trabajadores, tanto es así que podemos decir sin miedo a equivocarnos, que hoy la ocupación de la actividad minera está en el 10% de la que teníamos en los años ochenta.

Como consecuencia, los municipios mineros ven reflejada la caída de la actividad económica en la disminución de la población, lo que significa el empobrecimiento, por la disminución del consumo y por ende los servicios, convirtiéndose en una espiral que obligatoriamente lleva a tanta precariedad que alienta la despoblación, como muy bien refleja el censo del emblemático Ayuntamiento de Villablino.

La población de las cuencas mineras se siente minera, y cuando se atenta contra la minería legislando, casi siempre para hacer languidecer la actividad, se produce un acto reflejo en toda la población, por lo que todos se sienten perjudicados, y no les falta razón, pues están comprobando desde hace muchos años, que los hijos y nietos de mineros no pueden trabajar en su tierra, y conformar sus familias en el entorno de los suyos.

Ya sabemos que en las zonas de montaña es más difícil, crear infraestructuras de comunicación para hacer más accesible el trasporte de mercancías y personas, que facilitaría el asentamiento de empresas, pero no es el único lugar del país con accesos complicados (el país vasco puede ser un buen ejemplo) y después de 25 años de planes de reconversión estamos como al principio, sin accesos pero con el agravante de no tener ni minería ni futuro.

Siendo el carbón una fuente importante de energía autóctona, no se entiende, sino es por cuestiones puramente económicas que se atente con tanta virulencia contra él, si además tenemos en cuenta que estamos en disposición de eliminar o reducir considerablemente la contaminación procedente del CO2, creando otra posibilidad de empleo, es aún más difícil de entender esa cerrazón de los ministros de industria por acabar con esa importante fuente de energía, vital para las cuencas mineras, y de trascendental importancia para la economía de nuestra provincia.

Pero pensándolo bien, ¿no será que tenemos compromisos imperiosos que cumplir con las empresas energéticas y del gas y se colocan en los gobiernos ministros liquidadores? Si hacemos memoria, comprobaremos que los que han tenido responsabilidades en el ministerio de industria recalan o provienen del sector energético.

Es lícito y no se entendería de otra manera que ante ataques tan brutales, como los que suponen la eliminación del modo de vida de miles de familias, y por lo tanto la desertización de los territorios en los que será imposible otra forma de supervivencia para los descendientes, que no se desatara una lucha sin cuartel.

A lo largo de la historia, los mineros han sido un colectivo unido, y clave para la defensa de ideales, hoy lo único que ha variado es el número, pero a cambio los medios suplen la carencia, y tiemble el ministro si persiste en la idea de eliminar el carbón, porque las medidas tomadas por este gobierno, junto con las declaraciones de dirigentes del partido popular a lo largo de varios años, no dejan lugar a dudas por mucho que los parlamentarios populares de León intenten suavizar el conflicto.

No se escapa de responsabilidades la Junta de Castilla y León, competente en el desarrollo y potenciación de la actividad económica, que durante muchos años ha dispuesto a su antojo de las ayudas Miner, (10.000 millones de las antiguas pesetas al año para León) que en lugar de servir como complemento a los presupuestos de la Autonomía se han englobado, para redistribuir a discreción.

Más de 60 millones de euros cada año son suficientes para cambiar las comarcas mineras, y hacerlas atractivas con actividades económicas, ligadas a sus recursos naturales o no, pero si nos empeñamos en crear infraestructuras como carreteras o autovías en zonas de montaña, con las ayudas Miner, nunca llegaremos a conseguir el objetivo de la industrialización. Esas infraestructuras tienen que hacerse con los presupuestos para carreteras propios de la Junta o del Estado.

Señor ministro, piense en las personas, piense en el futuro de las comarcas mineras, y la provincia de León y no sería idea descabellada nacionalizar la extracción del carbón, como sector estratégico de energía, para ser menos dependiente de importaciones de gas carbón y petróleo de terceros países, que fijarán el precio a pagar en función de las necesidades y los mercados.

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