La polémica sobre Dívar sigue abierta
Sus explicaciones no convencen y PSOE e IU se preparan para dar batalla en el Parlamento.
El Poder Judicial y el Gobierno intentan a toda costa enterrar la polémica sobre los costosos viajes de Carlos Dívar a Marbella a cuenta del erario público e insisten en dar por buenas las explicaciones del presidente del Tribunal Supremo. Consideran que el continuo debate sobre este asunto —en el que están convencidos de que no hay responsabilidades penales— solo conduce a un desgaste «gratuito» cada vez mayor del consejo. Sin embargo, ni socialistas ni Izquierda Unida están dispuestos a que la intervención de Dívar sirva para dar carpetazo definitivo al «escándalo» y ya se preparan para dar la batalla en el Parlamento, en el que el PP tendrá que significarse si quiere impedir por tercera vez la comparecencia del máximo responsable de los tribunales del país.
El mensaje oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un día después de la intervención de Dívar fue que el tema de los 13.000 euros que el presidente se gastó en la Costa de Sol ya es agua pasada y hay que mirar al «futuro», en palabras de su portavoz, Gabriela Bravo. Sin embargo, la percepción en el seno de esta institución es bien otra.
Buena parte de los 21 vocales —y no solo los cinco que la semana pasada pidieron la dimisión de Dívar— reconocen que las explicaciones no han terminado de «apagar el incendio» de Marbella y admiten en privado que solo la dimisión del presidente aplacaría definitivamente los ánimos y frenaría el deterioro de la imagen de la institución. Sin embargo, esos mismos juristas aseguran no estar dispuestos a reclamar públicamente la salida de Dívar para no avivar aún más la polémica. La dimisión —estiman— es una decisión que debería tomar el presidente de ‘motu proprio’ para atajar la «más grave crisis» de la historia del órgano de gobierno de los jueces.
La propia Bravo admitió ayer que en el consejo son «conscientes» del «menoscabo» de «credibilidad» que esta crisis ha provocado a la institución y que puede haber sectores que no consideren suficientes las aclaraciones del presidente. Incluso admitió públicamente que los viajes de Dívar han provocado que se expanda un «clima de sospecha generalizado» sobre el Poder Judicial que, se quejó, «no está justificado».
El pasado jueves, Dívar se mostró dispuesto a acudir el Parlamento para explicar sus 20 viajes a cuenta de las arcas del Poder Judicial. Una comparecencia, no obstante, que ni en el CGPJ ni en el Gobierno ven con buenos ojos. De Rosa recordó la «división de poderes en este país» y abogó por que los «poderes del Estado» se «respeten mutuamente», poniendo voz a los que en el consejo consideran que los diputados no tienen potestad para «fiscalizar» la actuación de los jueces.