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El PSOE pedirá a Dívar que dimita si no da explicaciones en el Congreso

El fiscal informará este mes a la Comisión . de Justicia por qué archivó la investigación.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.

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a. torices | madrid
León

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Los socialistas han decidido subir el último escalón del caso Dívar. Si el presidente del Poder Judicial no acude al Congreso a explicar con detalle el uso que hizo de fondos públicos en la veintena de viajes a Marbella que realizó desde el 2008 pedirán que presente su dimisión. Así lo anunció la número dos del principal partido opositor, Elena Valenciano.

La decisión se conocerá el martes. El grupo socialista reclamará a la Mesa del Congreso que reconsidere su negativa a permitir la comparecencia de Dívar en la Comisión de Justicia y volverá a defender que la «obligación» del presidente del Consejo y del Tribunal Supremo es explicar al Parlamento y a los ciudadanos el uso que hace de su presupuesto, que sale de las arcas públicas y es aprobado por las Cortes.

Los socialistas están convencidos de que el PP, posiblemente de nuevo con el apoyo de CiU, volverá a vetar la comparecencia con el argumento de que el Poder Judicial es independiente y que la cámara legislativa no puede controlar a su presidente. En tal caso, el PSOE, convencido de que la doctrina del Constitucional avala su postura, solicitará el amparo de este tribunal y exigirá a Dívar que asuma sus responsabilidades políticas.

El PSOE lleva semanas sin querer contestar a la pregunta de si cree que debe dimitir el máximo representante del Poder Judicial, pero considera que si no da cuentas al Congreso será inevitable hacerlo, tras haberse cerrado la investigaciones sobre estos gastos en el Consejo y en la Fiscalía, y haber ofrecido una conferencia de prensa en la que tampoco aclaró el uso de los fondos públicos. Los socialistas saben que su reclamación pública de responsabilidades elevará la temperatura del escándalo, ya que piden la dimisión de la persona que en el 2008 pactaron con el PP para presidir el órgano de gobierno de los jueces y así desbloquear la renovación del Consejo por el Congreso y el Senado tras dos años de interinidad provocada por el enfrentamiento partidista.