Carlos Dívar solo abandonará el CGPJ si le imputa el Tribunal Supremo
El alto tribunal desvelará en breve si investiga a su presidente por los viajes a Marbella .
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que Dívar no cometió ningún delito.
El futuro de Carlos Dívar está en manos del tribunal que él mismo dirige. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no piensa sucumbir ni a las presiones políticas, por mucho que arrecien con fuerza en los últimos días, ni a las demandas de dimisión que empiezan a llegar desde el mundo jurídico, ni a las que le plantean sus vocales desde el propio órgano de gobierno de los jueces.
Sabe incluso que aun aquellos compañeros que no le atacan no están dispuestos a salir en su defensa. Pese a todo, no se siente culpable de irregularidad alguna y no piensa caer por que lo pida la oposición parlamentaria, sobre todo después de haber logrado neutralizar, que no sofocar, una revuelta interna en el Poder Judicial.
Solo abandonará sus cargos si el Supremo ve indicios de delito en el pago con fondos públicos de la veintena de viajes a Marbella que realizó en los últimos tres años y, en consecuencia, la Sala de lo Penal decide comenzar a tramitar la querella por estafa o malversación de fondos que presentó el 31 de mayo la asociación de abogados Preeminencia del Derecho.
La mera apertura de esta investigación penal, con independencia de su desenlace, significaría que tarde o temprano sería citado a declarar ante el magistrado instructor y que tendría que serlo, por obligación legal, en calidad de imputado. Un presidente del Supremo imputado por el tribunal no solo es algo inédito sino insostenible para la institución que ocupa la cúspide del sistema judicial español, según todas las fuentes consultadas.
Paraguas del Gobierno
La única presión política que podría hacerle cambiar de opinión sería la del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero eso no está por el momento en los planes del Gobierno. El titular de Justicia se replantearía su actual apoyo si el Supremo, contra todo pronóstico, decide abrir la vía penal que rechazó utilizar en mayo la Fiscalía General del Estado, cuando no observó delitos en el abono por parte del Consejo de los desplazamientos a la Costa del Sol de su presidente y en el pago de sus hoteles y cenas en establecimientos de lujo.
El Ejecutivo y el PP decidieron desde el primer día que este escándalo no debía terminar en una crisis institucional. Prueba de ello no es solo la ausencia de críticas o presiones a Dívar sino el trabajo decisivo de los nueve vocales del Consejo propuestos por los populares para derrotar la revuelta interna que perseguía su dimisión, así como el uso reiterado de la mayoría absoluta en el Congreso para liberar al presidente del Poder Judicial de dar explicaciones sobre sus gastos y del interrogatorio del resto de grupos parlamentarios.