Gobierno y Generalitat entran en una guerra de recursos judiciales
La cultura de la amenaza se ha instalado en las relaciones, casi siempre tensas, que mantienen el Gobierno central y la Generalitat catalana. Aunque ambos Ejecutivos son firmes partidarios de la necesidad de acometer recortes para luchar contra el déficit, ahora se han enzarzado en una batalla en la que cada uno podría recurrir los ajustes del otro. Hacienda quiere impugnar ante el Constitucional el euro por receta de Cataluña y el Ejecutivo autónomo llevará a esa misma corte los recortes de Mariano Rajoy en Educación y Sanidad. En los dos casos el argumento es el mismo, la supuesta invasión de competencias de una administración en otra.
El Gobierno catalán hizo público ayer que el 28 de mayo recibió un requerimiento del Ministerio de Hacienda en el que alertaba que el euro por receta farmacéutica que quiere empezar a cobrar a los usuarios a partir del 23 de junio podría invadir competencias del Estado y que si en una en una reunión bilateral no son capaces de negociar una solución, el Gobierno central llevará la medida al Constitucional. Hacienda entiende que sólo el Ejecutivo central tiene competencias para fijar el coste de los medicamentos y el Ejecutivo catalán se escuda en que está facultado para crear e imponer tasas.
La advertencia del Ministerio de Hacienda llegaba como respuesta al doble recurso anunciado por el Gobierno de Artur Mas contra los decretos sobre los recortes de Sanidad y Educación en las comunidades autónomas, amparado en sendos dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias catalán, que considera que son inconstitucionales. El Ejecutivo catalán argumentó ayer que los recursos son instrumentos necesarios para «defender el autogobierno de Cataluña». «Lo haremos en cualquier circunstancia, nos da igual caer más o menos simpáticos», expresó el portavoz del Gobierno, Francesc Homs.
La Generalitat cree además que finalmente Hacienda no recurrirá el euro por receta, con el que Cataluña quiere recaudar cien millones más al año, porque Europa no entendería que un Gobierno que pide esfuerzos presupuestarios pueda tumbar una medida tan «impopular», pero que nace para luchar contra el déficit. «¿Cómo explicará el Gobierno que suspende una iniciativa de estas características? Sería inexplicable, inenarrable, ininteligible», remató Homs.
La Generalitat anunció además que no tiene previsto aparcar la reivindicación del pacto fiscal, como le reclamó ayer el PP catalán.