La Junta de Andalucía echa al director general de Trabajo imputado en el caso de los ERE

La reordenación de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía ha servido de excusa para destituir al hasta ahora director general de Empleo, Daniel Rivera, imputado por la jueza Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos. Los informes aportados por la Guardia Civil apuntan que el alto cargo «ocultó» los expedientes con información que podía resultar «comprometedora o de interés para la investigación».

Rivera llegó a la Dirección General de Empleo en abril del 2010 de la mano del entonces consejero Manuel Recio. Según consta en un auto dictado por la instructora finales del pasado enero, fue la persona que autorizó el pago a una empresa donde se prejubilaron dos intrusos o personas que no habían trabajado para la compañía.

En aquel momento, la Junta de Andalucía, con Griñán a la cabeza, defendió la labor del alto cargo y aseguró que Rivera se puso desde el primer momento al frente de la investigación interna emprendida por la Consejería de Empleo para esclarecer las ayudas fraudulentas. El Gobierno andaluz defendió que su director de Trabajo se limitó a aprobar una orden de pago de un expediente tramitado años antes. Destacó su colaboración con la Justicia al remitir al juzgado toda la documentación con las irregularidades.

Sin embargo, para la Guardia Civil, el ya ex director general de Trabajo «no solo dio continuidad» a los acuerdos firmados por sus antecesores, entre ellos el encarcelado Francisco Javier Guerrero, «sin ninguna formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento», sino que además «dio forma a los mismos».

Desde el Ejecutivo andaluz se asegura ahora que la destitución se produce «dentro de la lógica de un cambio» en el Gobierno.