El portavoz del PP en las Cortes valencianas, ante una imputación
Rafael Blasco pudo desviar fondos destinados a cooperación.
El presunto caso de corrupción en los fondos públicos de Cooperación salpicó de lleno al portavoz del PP en las Cortes valencianas, Rafael Blasco. La juez aprecia indicios para imputarle hechos delictivos y de no ser aforado en el Parlamento regional ya sería una más de las 27 personas, algunas altos cargos de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que se encuentran imputadas en la causa.
La providencia dictada el pasado lunes por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia supone el inicio del proceso que puede terminar en la imputación de quien fue responsable de la Consejería entre el 2008 y el 2011 y desde donde se produjo el supuesto desvío de fondos destinados a proyectos de cooperación en el tercer mundo.
De momento y ante esta nueva situación Blasco ya ha delegado sus funciones como portavoz hasta que se aclare la situación, una renuncia que será definitiva, según anunció el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de hacerse efectiva la imputación.
La titular del juzgado, en un breve escrito, tomó ayer dos decisiones. La primera, solicitar a Las Cortes que acredite la condición de diputado de Blasco. La otra petición ya tiene más enjundia para la causa. Se trata de escuchar la posición del Ministerio Fiscal acerca de si considera, igual que la jueza, que existen «indicios en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva a Rafael Blasco».
La instructora dio diez días de plazo para que los dos fiscales Anticorrupción que han llevado el caso desde su inicio, hace más de un año, extraigan sus conclusiones respecto al exconsejero de Justicia. El Ministerio Público informará a favor de que se envíe el asunto al Tribunal superio de Justicia porque considera que Blasco participó de manera más o menos directa en la trama del desvío de ayudas.
Una vez se reciba el informe del Ministerio Fiscal, el siguiente paso es una exposición motivada por parte de la titular del juzgado. Se trata de un resumen de los indicios que apuntan a la participación del ex consejero en la trama de desvío de ayudas. Pueden ser diferentes o compartidos a los que ya expongan los fiscales en sus escritos. Lo habitual es que coincidan en lo esencial. No parece que esta exposición motivada pueda retrasarse demasiado tiempo. Y, de ahí, ese escrito con el resto de la causa pasaría a la Sala de lo Civil y Penal.
Todavía no se conoce el montante total del fraude, pero rondaría entre los cinco y los siete millones de euros por subvenciones concedidas desde 2008 a 2011 a diferentes entidades.