El Supremo ciega la vía penal contra Dívar sin investigar nada de sus viajes
La sala, por once votos a cuatro, no admite a trámite la querella por malversación.
El Supremo cegó ayer casi de forma definitiva la posibilidad de que Carlos Dívar responda por la vía penal de las acusaciones de malversación, apropiación indebida o estafa por sus 32 viajes de fin de semana a cuenta del erario público y con acompañantes. El pleno de la Sala de lo Penal del alto tribunal, que él mismo preside, acordó por amplio margen, once votos a cuatro, no entrar siquiera a investigar los hechos y decidió no admitir a trámite la querella interpuesta por la asociación de letrados Preeminencia del Derecho contra el también presidente del Consejo General del Poder Judicial. El colectivo acusaba a Dívar de haber hecho pagar al Consejo cerca de 28.000 euros por unos viajes con salida los jueves y los viernes y vuelta el domingo o el lunes para participar en actos oficiales de la judicatura, y no siempre, que apenas duraban unas horas.
No hubo sorpresa y el máximo órgano penal, a pesar del creciente malestar por la incapacidad de Dívar de justificar de manera convincente estos gastos, amparó a su presidente y abortó la que hubiera sido la primera investigación judicial contra el máximo representante de la judicatura. El pleno, que duró más de tres horas y tuvo como único punto del día la suerte del presidente del Poder Judicial, fue tenso, sobre todo porque los cuatro magistrados partidarios de investigar, José Manuel Maza, Joaquín Giménez, Perfecto Andrés Ibáñez y Alberto Jorge Barreiro, desde el principio dejaron claro a la mayoría que el fallo que exime de momento a Dívar no iba a ser, ni mucho menos, unánime. Los cuatro anunciaron que plantearán votos particulares en disconformidad con la decisión.
Lo cierto, explicaron fuentes del tribunal, es que el pleno tenía casi tomada la decisión de exculpar a Dívar antes de que comenzara la reunión. De hecho, los magistrados ni siquiera pidieron el parecer de la Fiscalía sobre los nuevos datos aportados por el colectivo denunciante, que el martes amplió su querella contra el presidente para incluir 15.185 euros más que Dívar endosó al Consejo en otros 12 viajes entre octubre de 2008 y julio de 2011, y que tuvieron como destino Bilbao, Santillana del Mar, La Coruña, Santiago, Palma de Mallorca, Oviedo, Valencia, Barcelona y Galicia.
La Sala solo tuvo sobre la mesa el informe que presentó la semana pasada el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, y que estaba referido a la primera tanda de viajes conocidos, es decir la veintena de desplazamientos entre 2008 y 2012 a Marbella por los que Dívar facturó al Consejo unos 13.000 euros entre transporte, comidas y hoteles.
La reacción de Preeminencia del Derecho fue inmediata. Denunció que la «absolución anticipada» de Dívar es «un acto escandaloso jurídica y socialmente».
«La conducta de Dívar de cargar a fondos públicos gastos privados de fin de semana es clamorosamente indiciaria de delitos de estafa de funcionario público o malversación, y el Supremo ha negado la evidencia creyendo al parecer que la ley es lo que ellos proclaman», zanjó el colectivo.