La justicia se sienta en el banquillo

El caso Dívar ha supuesto mucho más que la dimisión de la máxima autoridad judicial de España por acusaciones de malversación. El escándalo de los viajes no solo ha vapuleado sin tregua durante 40 días la imagen del órgano de gobierno de los jueces con la sombra de la corrupción, también ha mostrado de forma más descarnada que nunca que las más importantes instituciones judiciales del país están cada día más atrincheradas en bandos ideológicos y que, en las decisiones jurídicas claves, esos órganos votan una y otra vez en bloques irreconciliables, sea el tema que sea.

La misma semana que el conservador Dívar dimitía acosado por el sector progresista, en el Constitucional se repetía la guerra entre izquierda y derecha a cuenta del partido de la izquierda aberzale, Sortu, a pesar de los intentos de su presidente por evitar más escaramuzas que solo dañan la imagen de una justicia cada vez más inundada de política y más vacía de derecho. La idea de que los magistrados de la cúpula judicial son instrumentos con togas y puñetas de los partidos se extiende y nadie, ni en la judicatura ni en la política, sabe por dónde pasa la solución.

El paradigma de la colonización ideológica de las instituciones judiciales se va a vivir en los próximos días en el propio Consejo General del Poder Judicial, dispuesto incluso a aceptar sin remilgos una anomalía funcional como es que la presidencia de la institución sea interina más allá del tiempo indispensable. En la institución casi hay un acuerdo táctico para declarar un armisticio y aceptar que Fernando de Rosa se haga cargo del barco hasta octubre del 2013… «luego ya veremos». De otra manera, es lo que subyace tras esta decisión, la sucesión de Dívar amagaría con convertirse en una segunda guerra civil en un órgano que no ha comenzado siquiera a lamerse las heridas de la convulsa salida de su presidente. Llegados a este punto, cualquier cosa vale antes de sumergirse en lo que debiera ser un normal proceso de elección, en un consejo en el que nadie oculta la batalla constante entre los nueve de los vocales elegidos «a propuesta» del PP y los nueve del PSOE.

Unos contra otros

El hecho de que la ‘cruzada’ contra Dívar y sus viajes fuera solo cosa de los progresistas no se olvida entre los conservadores. Tampoco que la denuncia pública y ante la Fiscalía vino de la mano de José Manuel Gómez Benítez, un hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba, tanto que fue uno de los enviados del Gobierno en las conversaciones con ETA antes del atentado de la T-4.

La llegada a lo más alto de De Rosa por la caída de Dívar tampoco va a mejorar las cosas. Aunque el nuevo presidente interino no tiene mal cartel entre los progresistas, a éstos no les gusta nada que el máximo órgano de la judicatura, que en teoría debería ser el paradigma de la independencia, vaya a estar dirigido por un magistrado que fue miembro destacado del Gobierno de Francisco Camps en Valencia.

Los propios miembros del Consejo reconocen sin ambages que este organismo se ha convertido desde la década de los noventa en una suerte de ‘espejo’ del reparto de poderes en el Congreso

Pero esa ideologización que ha llegado a niveles desconocidos a cuenta de un escándalo, el de Dívar, de raíz ajena a las cuestiones políticas, no es ni mucho menos una enfermedad que sufra solo el CGPJ. La politización se ha convertido en una epidemia en las grandes instituciones judiciales y llega casi a grado de infección en el Constitucional. Al margen de la crisis en la que lleva sumida hace un año y medio la institución por la imposibilidad de PP y PSOE para llegar a un acuerdo para renovar cuatro de los doce magistrados, la corte está más dividida que nunca en dos grandes bloques ideológicos, en los que los progresistas son mayoría.