Gallardón promete ser la «sombra» de Sortu y combatir la impunidad
Dice que el Gobierno vigilará a los que «siguen sin pedir la desaparición de ETA».
Ruiz-Gallardón, en la clausura del XIII Congreso del Partido Popular en Gipúzcoa.
Alberto Ruiz-Gallardón, hizo ayer un esfuerzo por transmitir la idea de que la legalización de Sortu, acordada hace tres días por el Tribunal Constitucional, no marcará un cambio en política antiterrorista del Gobierno. El ministro de Justicia, que participó en la clausura del Congreso del PP de Guipúzcoa en San Sebastián, prometió que los demócratas serán la «sombra» de la formación independentista radical para impedir que nunca más alguien pueda sacar «ventajismos políticos amparado en el miedo».
La sentencia del Constitucional ha causado especial resquemor en el Ejecutivo, que ya se enfrenta al malestar de una parte de sus simpatizantes por su estrategia en materia penitenciaria. Fuentes gubernamentales admiten que, de haber sido elaborado tras la renovación de este órgano —prevista para los próximos días, con un retraso de casi dos años sobre los plazos que establece la Carta Magna— el fallo podría haber sido distinto.
Ahora, no les queda más remedio que acatar una decisión que permitirá a los herederos de Batasuna concurrir a las elecciones al Parlamento vasco. «Y precisamente por ello —subrayó Gallardón ante los miembros de su partido reunidos en el donostiarra Palacio Kursaal— es muy importante que se sepa que no ha llegado de ninguna de las formas el día de la impunidad».
Nuevo prisma
El discurso dista del que, sobre este mismo asunto mantiene el principal partido de la oposición, con el que hasta ahora había habido una comunión casi plena en materia antiterrorista, al menos, de cara a la opinión pública.
El Ejecutivo sostiene que el anuncio del fin de la violencia realizado por ETA el pasado 30 de octubre no debe condicionar de ninguna manera las decisiones judiciales. Los socialistas entienden, en cambio, que se ha abierto un escenario distinto y que hay que interpretar la realidad bajo un nuevo prisma en el que la resolución que apoyó una mayoría de los magistrados del Constitucional —seis votos a cinco— tiene todo el sentido del mundo.
Un paso más allá aún va el PNV, que siempre se opuso a la ley de partidos. Su portavoz, Joseba Egibar, defendió en Radio Euskadi que el fallo del máximo garante de la Carta Magna era «necesario», pero añadió que a su partido le gustaría ver una correspondencia entre lo que se desprende de la resolución y la estrategia gubernamental en cuestiones como la política penitenciaria. .
El ministro de Justicia dio la réplica a ese análisis en su intervención e insistió en que no hay razones para dar al entorno de ETA plena credibilidad, sino más bien al contrario, razones sobradas para mantenerse «vigilante» con quienes, dijo, «siguen sin pedir la desaparición definitiva de los terroristas y tratan de falsear la historia».