UGT pide al Gobierno que garantice el futuro del carbón con un crédito extraordinario
Méndez y los representantes sindicales del carbón, ayer.
El secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT, Antonio Deusa, pidió ayer al Gobierno que articule un crédito extraordinario para garantizar el futuro de la minería del carbón, al igual que hace con otros sectores, y ha lamentado que no haya voluntad política para resolver el problema.
Deusa formó parte ayer en Madrid de una reunión con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien solicitó al Ejecutivo que intente mantener el empleo del sector, ya que sería un «contrasentido» que en un contexto como el actual el Gobierno destruya decenas de puestos de trabajo, puesto que la minería del carbón emplea a 8.000 trabajadores directos y a 25.000 de forma indirecta.
Tras reunirse con los secretarios generales del sindicato en Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha y Madrid, Méndez aseguró que el problema de la minería traspasa los limites ya que aboca a las comarcas mineras al despoblamiento y al aislamiento dado que en estas regiones no hay una industria alternativa.
Asimismo, subrayó que de lo que se habla no es de un recorte de las ayudas al sector, sino del cierre de la minería. Una decisión que «no se puede consentir», ya que es «injusta» y «discutible» desde el punto de vista económico y energético, agregó Méndez.
Por su parte, Deusa insistió en el que el sindicado va a «pelear» para que el Gobierno mantenga el acuerdo que firmó con el sector en 2005, ya que el recorte del 63 % planteado ahora hace «inviable» la minería. En este sentido, subrayó que el Ejecutivo tiene mecanismos para lograr que la reducción pactada del 10 % en las ayudas para el sector sea suficiente, al tiempo que ha anunciado que desde UGT van a continuar «luchando hasta el final» para garantizar el futuro de los mineros y de las comarcas.
Por ello, UGT pide al Gobierno un pacto de estado energético que sea consensuado con todos los agentes implicados Los sindicatos insisten en que la decisión del Gobierno es más política que económica y han alertado de que el incumplimiento del plan del carbón, que acaba en 2012, pone «al pie del cierre» a las minas.