PP y PSOE renuevan el Constitucional con magistrados de ideología moderada
El Congreso cubrirá las vacantes en el mes de julio, con año y medio de retraso.
El Tribunal Constitucional normalizará su funcionamiento por primera vez en cinco años a partir del próximo 18 de julio. Desde el 2007 siempre ha tenido magistrados con su mandato agotado por la incapacidad de los dos grandes partidos para pactar en plazo a los sustitutos y desde mayo del 2008 cuenta con un miembro menos de los doce que le reserva la Constitución porque PP y PSOE bloquearon hasta ahora la sustitución del fallecido Roberto García-Calvo
Los dos grandes partidos, presionados por el propio pleno del tribunal, que el pasado 20 de mayo amenazó con colapsar el funcionamiento de la institución si no era renovada de inmediato, pactaron ayer el nombre de los sustitutos de García-Calvo y de los tres últimos magistrados que trabajan con el mandato de nueve años agotado desde noviembre del 2010.
El ultimátum hizo que los equipos de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactasen en dos semanas lo que, por intereses y estrategias partidistas, no lograron en 19 meses. Para conseguirlo, tuvieron que comprometerse a no vetar los dos nombres que propondría el contrario, por lo que procuraron elegir a candidatos con un perfil político más moderado que los colocados sobre el tapete en las negociaciones fracasadas.
Portavoces de PP y PSOE destacaron que los cuatro juristas que ayer registraron en el Congreso y que, tras su examen en comisión, serán designados a mediados de julio por su mayoría en el pleno son solo profesionales de sólida y reconocida trayectoria, que ayudarán a mejorar y prestigiar la dañada imagen de la institución
De prestigio
Se trata de un dato cierto, como lo demuestra que sean dos magistrados del Tribunal Supremo y dos prestigiosos catedráticos en Derecho. El caso más claro es el de Andrés Ollero, un catedrático de Filosofía del Derecho que pasó 17 años de diputado del PP y fue un contundente portavoz de Justicia. Pero el catedrático de Derecho del Trabajo propuesto por el PSOE, Fernando Valdés, también ha descalificado públicamente la reforma laboral del Gobierno, uno de los recursos de inconstitucionalidad que deberá resolver en la corte.
Algo parecido pasa con el magistrado del Supremo Juan José González Rivas, propuesto por el PP y afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), del que se conoce su desacuerdo con la regulación legal del matrimonio homosexual. Respaldo de CiU
La cuarta candidata es Encarnación Roca, una de las primeras mujeres en ingresar en el Supremo, de pensamiento progresista y de sensibilidad autonomista. Tanto es así que la inclusión de su nombre en el pacto ha permitido que la propuesta entregada en el registro por PP y PSOE acabase siendo firmada también por CiU.
El pacto entre PP y PSOE se extendió también a otros órganos constituconales. Además de la nueva Defensora del Pueblo, se acordaron los nueve miembros con los que el Congreso renovará la Junta Electoral Central y los doce nuevos componentes del Tribunal de Cuentas que elegirán,a mediados de julio, las Cortes.