Ecologistas culpan a la falta de gestión y prevención el alto número de hectáreas quemadas

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y WWF lamentan el elevado número de hectáreas arrasadas en lo que va de año, que se ha duplicado en los últimos tres días con los fuegos de la Comunidad Valenciana y de Murcia (más de 50.000 hectáreas). Así, su valoración es "muy pesimista" porque consideran que el alto número de hectáreas arrasadas por las llamas y las consecuencias del fuego se deben a la situación "estructural" de abandono rural, de falta de gestión y de planes efectivos de prevención.

El responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, subraya que los montes tiene un valor muy alto en términos de biodiversidad, paisaje, mantenimiento de recursos hídricos, pero el mercado no le ha puesto precio y no se está invirtiendo en su gestión y explotación.

Además, ha añadido que "no hay dinero para gestionar de forma adaptativa estos bosques y la masa forestal, algo a lo que hay que sumar que el índice de condiciones de riesgo en estos días es "máximo".

"No hay gestión, hay mayor índice de riesgo. Se han producido un par de casos de rayos, no hay que obviarlos, pero más de 95 por ciento de los fuegos tienen origen humano", ha apostillado, al tiempo que ha manifestado que, a su juicio, en lo que va de 2012 se han destrozado los cinco años de buenos resultados.

En cuanto a lo que ayuda la meteorología más extrema, Soto considera que por sí misma ésta "no explica los incendios" pero sí influye en su virulencia y en las consecuencias, el número de hectáreas quemadas y la gravedad del fuego.

El problema, según ha insistido, reside en que año a año se va acumulando biomasa en el monte, en zonas que antes eran superficies cultivadas, con árboles, frutales, vides, cabras, ovejas, se cogían las piñas, había vacas, etcétera y todo eso es lo que se quema ahora, porque está abandonado y se acumula la biomasa.

Por ello, ha destacado que lo que falla "no es la gente que está apagando los fuegos, sino el desorden estructural en el monte español y su falta de ordenación" además de la falta de políticas de prevención y gestión a largo plazo.

España camina hacia la africanización

Soto ha reiterado que para Greenpeace, lo que se gasta en prevención, se ahorra después en extinción y reparación y ha advertido de que esta situación no es la ideal en una Península ibérica que "camina hacia la africanización" a causa del cambio climático.

Mientras, WWF recuerda que el fuego ha recorrido en 20 años el 30 por ciento de todo el monte de la Comunidad Valenciana y coincide con Greenpeace en que los incendios de Valencia son "fruto de décadas de abandono rural" y de la falta de gestión forestal.

En este sentido, agrega que desde principios de 2012 la ONG ha estado reclamando una atención especial ante el grave riesgo de incendios forestales en un año especialmente complicado.

Al mismo tiempo, lamenta los "crecientes" recortes presupuestario en materia de protección del medio ambiente y ha manifestado que los grandes incendios de Andilla y Cortes de Pallás, al igual que el iniciado en Albacete que afecta ya a la Región de Murcia, no son fruto de estos recortes sino de la negligencia humana y de dos décadas de desidia en política forestal y abandono de nuestros montes.

De este modo, la ONG recuerda que la Comunidad Valenciana es la segunda, después de Extremadura, que menos planes de gestión forestal tiene. De hecho, asegura que únicamente el 2 por ciento de las masas forestales de la comunidad cuentan con un instrumento de gestión, valor que sube al 13 por ciento en toda España.

Para el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, durante años al Comunidad Valenciana ha centrado sus esfuerzos en el ladrillo, olvidando sus montes y el valor de su riqueza forestal, donde apenas ha habido inversión. "Este abandono ha sido el combustible de los incendios de estos días", ha dicho.

Finalmente, la ONG insiste en la responsabilidad social para evitar incendios por causas negligentes y pide la colaboración ciudadana para denunciar a los incendiarios y el compromiso político para acometer, de una vez por todas, una gestión territorial racional que busque la conservación del medio forestal.