La Diputación pedirá a Rajoy una reunión «urgente» para que medie en el conflicto del carbón
El pleno de la Diputación de León aprobó hoy por unanimidad la petición de una reunión «urgente» con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que medie en el conflicto del carbón, al entender que es «la única persona» que ahora mismo es capaz de «modificar» la actual problemática. Así se lo reclamo el Grupo Socialista en la institución al equipo de gobierno, algo a lo que los ‘populares’ dieron su aprobación por unanimidad.
Ése fue el principal acuerdo en la sesión plenaria de carácter extraordinario y monográfico en la que el PSOE también instó a la presidenta de la Diputación a exigir al Gobierno el cumplimiento «íntegro» de los compromisos adquiridos en el Plan del Carbón 2006-2012, así como el mantenimiento de la minería «más allá del año 2018», aspectos que la presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco, recordó que ya se habían abordado y a los que ya se dio el visto bueno en una sesión previa.
El portavoz del PSOE, Demetrio Alfonso Canedo, que fue el primer en tomar la palabra, recordó que no es el «primer intento» de cerrar la minería del carbón, y consideró que le Gobierno tendrá que «rectificar» ante la «injusticia» que quiere cometer, que dejará a una provincia como León «sin minas, sin mineros y sin puestos de trabajo directos e indirectos», además de que se condenará a las comarcas mineras «a la desolación» y a la «pobreza».
Además, estimó que los ‘populares’ podrán continuar «usando la demagogia», aunque apostó por «pasar a la acción» para ejercer «toda su fuerza política» y poder «parar esta injusticia» en un momento «complejo» para el sector minero, que genera 7.000 puestos de trabajo directos y 14.000 indirectos, y que resultan «fundamentales» para «mantener la cohesión social».
Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Jaime González, respondió a los socialistas que «lo que menos les importa es el carbón», sino seguir «las directrices de su partido», además de que recordó que la primera ‘Marcha Negra’ transcurrió en el año 1992 durante el Gobierno de Felipe González, mientras que la segunda fue en el año 2010, en este caso con otro socialista al frente del Ejecutivo, como José Luis Rodríguez Zapatero.
Los ‘populares’ reiteraron su petición al ministro de Industria, José Manuel Soria, para que «reconsidere la situación», al tiempo que expresaron su descontento con el «volumen de los recrotes», aunque entendieron que no es un problema «sólo de un partido político», y pidieron al PSOE que no intente obtener «réditos políticos» de un problema que ha sufrido ajustes «durante décadas».
González insistió en que el posicionamiento del PP es «claro», y aunque se reconoció entender el malestar expresado por un grupo de mineros durante el desarrollo de la sesión plenaria de esta mañana, insistieron en que el PP seguirá «en la misma línea que ha tenido desde el primer momento» y pidiendo al Gobierno que consiga «unas cifras que garanticen el empleo», que según el portavoz ‘popular’ deberá ser la «prioridad».
Después de dos turnos de intervenciones por cada uno de los partidos, cerró la sesión plenaria la presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco, que aclaró que las propuestas realizadas por el PSOE, con la excepción de la petición de una reunión con Mariano Rajoy, no han añadido «nada» a una moción previamente aprobada. Carrasco resaltó también el papel realizado en esta materia por los parlamentarios nacionales, así como el «sacrificio» que ha sufrido el PP con un concejal de Bembibre, aspecto por el que insistió en que el PP vive el problema de la minería «como propio».
