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Enfado en el Supremo por la retirada de los escoltas y los coches oficiales

Publicado por
Melchor Sáiz-Pardo | Madrid
León

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El enfado en el alto tribunal con el Ministerio del Interior es supremo. Nunca antes la principal instancia de la judicatura española había hecho pública una nota tan dura contra otra institución. Y menos contra el Ejecutivo. La Sala del Gobierno del Supremo, en nombre de todos los magistrados que lo componen , acusó al departamento que dirige Jorge Fernández Díez de «despreciar» a este órgano por ordenar la retirada, de un día para otro, de los escoltas y los coches a los cerca de 80 jueces que trabajan en esa sede. La nota, fruto de un «acuerdo» oficial de la sala, denuncia el agravio comparativo con otros tribunales de igual o inferior relevancia, en los que la reducción de la protección ha sido menor.

Según fuentes del tribunal, el martes de la pasada semana la comisaría que comparten el Supremo y el Consejo del Poder Judicial comunicó la supresión de coches y guardaespaldas. De los más de ocho decenas de magistrados, solo el presidente, Juan Antonio Xiol, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, conservaron intacta su protección. «La Sala de Gobierno considera que las formas en que se han comunicado al Tribunal Supremo estos acuerdos no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional», explica la nota oficial.

El Supremo dice «confiar» en que, a pesar de esta «reorganización de los servicios de seguridad», el «Gobierno seguirá protegiendo a los magistrados que lo integran en función de las circunstancias de cada caso». El tribunal se muestra muy beligerante con la retirada de todo el parque móvil. Aunque dice «entender» que «los sacrificios económicos que impone la situación por la que atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado», los magistrados aseguran que «no pueden aceptar que la medida adoptada se refiera única y exclusivamente a este tribunal». Reprochan a Fernández Díaz su «desprecio» a la «relevancia institucional» del Supremo «en contraste con el tratamiento que se da a otros de análoga e inferior relevancia».

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