Piden que se ignore la ‘doctrina Parot’ con la etarra Inés del Río
El fiscal dice que es el Estado afectado quien elige las medidas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone de forma rotunda a la excarcelación de la etarra Inés del Río, cuya puesta en libertad reclamó el 10 de julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La corte de Estrasburgo consideró que a la exmiembro del comando Madrid se le aplicó de «forma irregular», de forma retroactiva, la doctrina Parot , lo que pospuso del 2008 al 2017 su puesta en libertad. Del Río fue condenada a más de 3.000 años de cárcel por, al menos, 28 asesinatos.
El responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, reclamó a la Sección Primera de la Sala de lo Penal del tribunal que desoiga la petición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reclamó la liberación de la terrorista «en el plazo de tiempo más breve posible» y que fuera indemnizada con 30.000 euros. En un escrito en el que responde a los abogados de Del Río, que ya han pedido a la Audiencia Nacional que haga efectiva la recomendación de Estrasburgo, Zaragoza alega que la decisión del tribunal internacional es meramente «declarativa» y que «únicamente el Tribunal Constitucional tiene la facultad de ordenar» la «suspensión de ejecución» de la condena. Recuerda además que la corte de garantías española ya rechazó en su momento el recurso contra la decisión de aplicarle la doctrina Parot .
Para la Fiscalía, el carácter «declarativo» de los fallos de Estrasburgo implica que es el «Estado afectado quien tiene que elegir, bajo la supervisión del Consejo de Ministros, las medidas a adoptar». «El sistema europeo de protección de los derechos humanos no contempla como necesario el carácter ejecutivo de las sentencias del TEDH, dependiendo de cada estado la ejecución, siendo los estados libres en la elección del modo de realizarla», esgrime el fiscal.
La sentencia aún no es firme pues no han pasado los tres meses de plazo para que las partes puedan recurrir ante la Gran Sala. De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través de la Abogacía del Estado, ya ha anunciado que va a apelar el fallo conocido la semana pasada.