Jueces y fiscales anticipan un otoño de protestas contra Gallardón y los recortes
La judicatura vuelve a estar revuelta. Y el malestar no tiene visos de remitir. Es más, amaga con estallar con virulencia contra el Gobierno de Mariano Rajoy y repetir la escena del 18 de febrero del 2009. Entonces, los jueces convocaron la primera huelga de la democracia que, con aceptable éxito, acabó días después con la dimisión del ministro de Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Fernández Bermejo. Ahora, en el centro de la diana se encuentra Alberto Ruiz-Gallardón. Sus planes de reforma del Poder Judicial han caído como un torpedo entre las asociaciones judiciales. Y la decisión del Ejecutivo de rebajarles el sueldo como al resto de los funcionarios ha sido su particular gota malaya. «A más trabajo menos sueldo». Una ecuación que indigna a los titulares del tercer poder del Estado.
La rebelión de hace tres años, que ahora vuelve a revivir, germinó en el correo corporativo de la carrera judicial. Hartos de décadas de promesas incumplidas y abandono gubernamental los togados alzaron la voz y salieron a la palestra.
La caja de Pandora fue el caso Mari Luz. Las críticas políticas al magistrado que dejó en libertad al asesino de la menor debido a una cadena de errores tocó la fibra sensible de la carrera. Y la reacción llegó pocos meses después. Su enfado por la sobrecarga de los juzgados y la escasez de medios técnicos y humanos derivó en el primer paro judicial. Un hecho sin precedentes en democracia.
La victoria electoral de Mariano Rajoy generó una gran esperanza entre la carrera, sobre todo entre los jueces conservadores y su colectivo de cabecera, la APM. Imaginaban recuperar el poder perdido en los salas de gobierno de los altos tribunales durante las dos legislaturas de Zapatero, en detrimento de los progresistas.
La luna de miel apenas duró unos días. El tiempo que el presidente tardó en elegir a Gallardón como ministro. Que un político alejado de la judicatura, pese a que el exalcalde de Madrid es fiscal de carrera, fuese el preferido cayó como un jarro de agua fría.
Dejó mal sabor de boca que ninguno de sus afiliados fuera del agrado de Rajoy. Incluso se daba por hecho que a Manuel Almenar, vocal y hombre fuerte de la APM en el Consejo General del Poder Judicial, o el magistrado de la Audiencia Nacional, el leonés Enrique López, les iba a caer algún cargo en esta cartera.
Así, el tradicional idilio entre el Partido Popular y la asociación de jueces conservadores se comenzó a resquebrajar. Hasta el punto que la APM, como asociación judicial más poderosa e influyente, encabeza ahora las protestas contra el Gobierno. Una situación que nadie en la judicatura se podía imaginar hace unos meses. En medio del polvorín del ‘caso Dívar’ en el Consejo, Gallardón anunció un borrador de reforma del órgano de gobierno de los jueces. Propuso adelgazar la institución y quitarle la dedicación exclusiva a los 20 vocales, todos excepto al presidente, al que no se puede retirar el sueldo sin tocar el artículo 122 de la Constitución.
Declaración de guerra
La propuesta fue considerada por las cuatro asociaciones judiciales —conservadores, moderados, progresistas e independientes— como un ataque directo a su independencia. De ahí que el pasado lunes, en un gesto inédito, todos los colectivos de jueces y fiscales se unieron para combatir los planes del ministro, con la amenaza de paros parciales, suspensión de señalamientos y hasta una huelga.
La propia APM tachó el borrador de Gallardón de «mascarada que desmantela la independencia» del Consejo y de proyecto «radicalmente» contrario a la Constitución. Casi nada.
En este clima de desasosiego respiran los togados, que de forma paralela vieron cómo les tocaban la dignidad con la rebaja del sueldo como funcionarios públicos. Tampoco sentó nada bien en los altos tribunales la forma en que el Ministerio del Interior retiró la escolta a los magistrados. Prácticamente, de un día para otro.
Así de revuelta tiene Gallardón a la carrera judicial.