El fiscal de hierro
Torres-Dulce quiere imponer un férreo control en la Fiscalía. Una instrucción interna ordena a los fiscales que las dudas que planteen al TC pasen antes por sus manos.
Eduardo Torres-Dulce en una visita a la Fiscalía de Galicia.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quiere cambiar algunos vicios adquiridos en el funcionamiento del Ministerio Público que no le gustaban. Medio año después de llegar al cargo ha metido la mano en un trámite de «extraordinaria trascendencia» para el órgano acusador: las cuestiones de inconstitucionalidad que se plantean en los procesos judiciales sobre leyes de trascendencia social.
En una instrucción interna remitida a finales de junio a los fiscales les ordena que, «por imperativa legal», pasen por sus manos estas alegaciones antes de remitirlas al Tribunal Constitucional. «Será requisito indispensable recabar mediante un informe la conformidad de esta Fiscalía General», señala el fiscal general en una de las conclusiones del escrito.
La justificación que da Torres-Dulce es la necesidad de unificar criterios y subsanar «deficiencias» técnicas, ya que «en ocasiones se omite el informe o se contesta por medio de fórmulas estereotipadas; y en otras ocasiones se ha informado sin la previa y preceptiva consulta a la Fiscalía del Tribunal Constitucional».
Para ello trae a colación una circular de 1999 sobre la intervención del fiscal en las cuestiones de inconstitucionalidad en sede judicial, en la que se daba unas «pautas precisas» sobre el papel central del fiscal general en este ámbito. Un funcionamiento que cayó en desuso en los años siguientes.
Sólo de palabra
Algunas fuentes fiscales interpretan esta instrucción de Torres-Dulce, firmada a 27 de junio, como una manera de controlar las alegaciones que sus subordinados remiten al alto tribunal sobre las dudas legales que plantea la interpretación de las leyes en procesos civiles, penales, contencioso-administrativos o laborales.
Sorprende que esta orden llegue dos días antes de que el propio Torres-Dulce abogara en una conferencia en la universidad de verano de Santander por la necesidad de modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal para limitar internamente «los poderes del fiscal general».