Las autonomías retrasan pedir su rescate porque pierden soberanía

La tormenta política desatada por la decisión de la Comunidad Valenciana de pedir su entrada en el fondo de rescate autonómico, cosa que hizo en cuanto el Congreso ratificó el jueves su creación, ha puesto en guardia a otros gobiernos regionales, acuciados también por la falta de liquidez, y que hasta ahora tenían previsto ser de los primeros en acceder al mecanismo estatal pensado para facilitar el pago de su deuda pública. La urgencia en las necesidades de liquidez se mantiene, pero temen los costes políticos de inaugurar la lista de rescatados y las condiciones que el Gobierno impondrá a los beneficiarios, que CiU, pese a ver con buenos ojos la medida, definió como «draconianas».

En este momento son varias las comunidades que sopesan si deben o no seguir los pasos de Valencia y cuándo hacerlo. En sus cálculos ya no solo pesa lo lógico, si van o no a ser capaces de financiar los vencimientos de la deuda y los nuevos préstamos que deben firmar en el 2012 para sufragar el déficit por sus propios medios —mediante el acceso individual al mercado financiero— o si deberán recurrir a los fondos que ahora ofrece el Estado a precios similares a los de los bonos del Tesoro. También estudian qué cesión de soberanía presupuestaria pueden tener que verse obligadas a hacer al Ministerio de Hacienda, que es quien se encargará de hacer cumplir las duras condiciones y los controles a que compromete el ingreso en el Fondo de Liquidez Atonómica (FLA), y el coste político que ello les conllevará.

En este mar de dudas parece navegar la Región de Murcia. El Ejecutivo regional emitió ayer un comunicado oficial para desmentir «rotundamente» que haya decidido solicitar su adhesión al FLA después de que su presidente, Ramón Luis Valcárcel, dijese que pretendían hacerlo en una entrevista publicada este domingo por el diario local La Opinión .

Valcárcel, que pudo realizar sus declaraciones el viernes al mediodía, posiblemente antes de que eclosionase la polémica por la solicitud de rescate financiero de la Comunidad Valenciana, respondió con un «claro que sí, estamos deseando» a la pregunta de si ¿tiene previsto su Gobierno solicitar ayuda al fondo que ha creado el Gobierno para ayudar a las comunidades autónomas? (sic).

Intervenidos

En su respuesta, también advierte de que «nadie piense que nos van a regalar el dinero, las condiciones van a ser durísimas», y avanza que podrían pedir fondos por valor de entre 200 y 300 millones, cantidad muy similar al vencimiento de deuda que esta comunidad tendrá que afrontar en el último trimestre del 2012, 297 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda. El presidente murciano cree que, en la práctica, todas las autonomías estarían ya intervenidas, ya que Hacienda les ha obligado a abordar ajustes y recortes que de otra forma quizás no se habrían hecho.

Tras toda la mañana del domingo en silencio, el Gobierno murciano negó por la tarde en una nota que haya tomado decisión alguna sobre su adhesión al FLA, pero añadió que «lo está estudiando». Indicó que cualquier decisión futura dependerá de «la evolución económica y del funcionamiento del plan de reequilibrio económico y financiero de la región».

Entre los que también han reconocido que lo tienen en estudio son los ejecutivos de Cataluña y Castilla-La Mancha, la primera y tercera autonomías con más cantidad de deuda sobre el PIB —con Valencia entremedio—, regiones son serios problemas de liquidez y alto déficit, y, lo que es fundamental, con fuertes vencimientos de deuda en la segunda mitad del 2012, para los que ven difícil lograr financiación por sus propios medios.

Otro grupo de diez autonomías ha descartado, con mayor o menor grado de rotundidad, que vayan a tener que acceder al fondo de rescate para poder negociar su deuda antigua o nueva antes del final de 2012. La decena la encabezan las cinco comunidades con menor peso de deuda sobre su PIB de todo el país —Madrid, Euskadi, Canarias, Asturias y Cantabria— a las que, según palabras de sus presidentes o altos cargos, se suman Galicia, Extremadura, Navarra, Baleares y Andalucía. En el caso de la última, lo afirmó su vicepresidente, Diego Valderas, pese a que no existe una decisión oficial en el Gobierno de coalición PSOE-IU. Tiene en su contra la obligación de enfrentar el vencimiento de más de 1.600 millones ante de que acabe el año.