El 55% del territorio de la provincia está bajo control de las 1.234 juntas vecinales

León se asienta sobre una tupida red administrativa que hunde sus raíces en la Edad Media y que da ‘poder’ a 1.234 alcaldes pedáneos. Sacudir, como pretende el Gobierno central, esa alfombra para eliminar el rosario de juntas vecinales como si fueran motas de polvo no será, sin embargo, una tarea fácil, según opinan varios académicos. Sobre todo porque estas entidades locales menores poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas.

En conjunto, un patrimonio abundantísimo que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas del pueblo y dispensarios médicos, entre otros) que, aunque resulte paradójico, la Junta y la Diputación son incapaces de cuantificar. Las juntas vecinales leonesas, amas de la mayor parte del suelo de la provincia (55%), han defendido con uñas y dientes esa riqueza durante siglos y difílmente la van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central.

León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país, según el Registro del Ministerio de Administraciones Públicas. Incluso dentro de la comunidad, según entiende el abogado Carlos González-Antón, la sensibilidad para salvar estas entidades no puede ser la misma en Ávila o Valladolid, que sólo poseen 2 y 9 juntas vecinales respectivamente, que en Burgos (652) o León, que lidera el ranking. Las juntas vecinales «son las administraciones públicas que más trabajan como una familia o comunidad de vecinos. Muchas veces son las que poseen dinero por la gestión de sus recursos madereros o cinegéticos frente a los ayuntamientos a los que pertenecen, que están endeudados», dice. Por eso entiende que «desapoderar sin más a una colectividad de su patrimonio, por el que ha luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado». Y considera que a esos ciudadanos que trabajaron en facendera para arreglar sus caminos, cuidar sus montes o acometer las redes de suministro de agua, el quitarles sin más su riqueza es un «elemento de injusticia muy cuestionable jurídicamente». También cree que se perderá eficacia y que la eliminación de las juntas atenta «contra el principio de subsidiariedad, que anima a gestionar en el ámbito más cercano al ciudadano y de la mejor manera posible». A su juicio, es «poner patas arriba todo el sistema de gestión local para nada, creando, además, miles de conflictos». También augura que «provocará una desafección absoluta de los ciudadanos hacia la cosa pública si les quitan la posibilidad de decidir sobre sus montes, sus fuentes o el músico que tocará en las fiestas». Cree, como el catedrático de la ULE, Laureano M. Rubio, que sólo hay que reforzar el control sobre las juntas.