El duque de Palma no quiere que le investiguen

Urdangarin no quiere que Hacienda investigue sus cuentas. Tampoco las de la maraña de empresas a su nombre y al de su socio, Diego Torres, con las que supuestamente se desviaron millones de euros de dinero público del Instituto Nóos a sus bolsillos. El abogado del duque, Mario Vives, pidió al juez del ‘caso Nóos’, José Castro, que rectifique su decisión de autorizar la petición de Anticorrupción de que la Agencia Tributaria de Cataluña realice un análisis exhaustivo de la fundación y de una decena de mercantiles, entre ellas Aizoon, la inmobiliaria propiedad de la Infanta e Iñaki, para tratar de cuantificar la «trascendencia fiscal» de las supuestas irregularidades que Urdangarin y Torres cometieron. O sea, cuánto dinero pudieron defraudar al fisco.

Vives pidió a Castro que de marcha atrás en su decisión de movilizar a los inspectores de Hacienda porque entiende que el escrito presentado el pasado 18 de julio por el fiscal Pedro Horach contiene expresiones «claramente incriminatorias» y que su petición de saber si Urdangarin y sus empresas cometieron un fraude «carece de la necesaria y exigible objetividad». Según la defensa del duque, el hecho de que la Fiscalía incluya «términos predeterminadores de conductas, no ya presuntamente fraudulentas, sino claramente incriminatorias» en su escrito debería haber llevado al juez a negarse a ordenar a la Agencia Tributaria que investigase. En su demanda, Horrach había incluido preguntas para los inspectores como si «es habitual ocultar la existencia de ánimo de lucro utilizando para ello asociaciones o fundaciones de forma fraudulenta», lo que, según la defensa de Urdangarin, constituye ya un prejuicio en sí. Anticorrupción, no obstante, justificaba esa pregunta tras asegurar que «de lo actuado hasta el momento se aprecian importantes indicios de que dicha entidad actuaba con un claro afán o ánimo de lucro».

Según el abogado del duque, Anticorrupción lo que ha hecho es «una solicitud de peritaje en toda regla, pero con unas bases no ya presuntas sino con convicción, con clara inducción a que las actuaciones financieras contables y fiscales, por las frases, palabras y términos utilizados, sean consideradas irremediable e irremisiblemente como delictivas por la Agencia Tributaria».

¿Nuevas imputaciones?

Vives denunció además que se ordenó a Hacienda investigar los ejercicios de 2003 a 2010, cuando en realidad los presuntos delitos cometidos de 2003 a 2005 estarían prescritos. Y va más allá: se queja de hasta ahora las acusaciones formales contra su cliente eran malversación, fraude a la Administración y falsedad documental y no el delito fiscal o la evasión de capitales.

La defensa trata a toda costa de frenar esa inspección fiscal, ya que Vives es consciente de que la imputación del duque por fraude a Hacienda y evasión de capitales es inminente y que, a partir de ahí, la posibilidad de que su cliente evite la cárcel si resulta finalmente condenado se reduciría de manera considerable.