Becerril pide sanciones y prisión para quien haga obras faraónicas inútiles
La Defensora del Pueblo perseguirá todas las inversiones sin rentabilidad social.
El rey recibió ayer a la nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Palacio de la Zarzuela.
Soledad Becerril situará la denuncia del despilfarro público entre los principales objetivos de su tarea como Defensora del Pueblo. Becerril pidió sanciones incluso penales para los responsables de aquellos grandes proyectos que se inician sin saber si contarán con presupuesto para terminarlos o que reciben inversiones faraónicas sin analizar si tendrán alguna rentabilidad social.
La recién nombrada Defensora del Pueblo, que ayer expuso las que serán sus principales líneas de actuación, hizo hincapié en que antes de iniciar estos proyectos debe evaluarse su verdadera necesidad. Como ejemplo simple, aludió a la construcción de un polideportivo para el que se deberá contemplar si existe otro cercano y si no sería más económico invertir en transporte para los usuarios de un punto a otro. Becerril se felicitó porque el proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno que el viernes aprobó el Consejo de Ministros recoja las recomendaciones contra los despilfarradores realizadas por su antecesora en el cargo y propuso al Ejecutivo que, durante la tramitación parlamentaria, «penalice» también el desperdicio de dinero público que hacen los impulsores irresponsables de grandes infraestructuras.
La Defensora del Pueblo reveló que solo a lo largo de los siete primeros meses del año la institución ha recibido 5.000 quejas por asuntos económicos frente a las 5.800 sobre igual tema presentadas a lo largo de 2011. Los expedientes tratan problemas con los bancos, con productos financieros o hipotecas, y con prestaciones o ayudas.
Las víctimas del terrorismo tendrán una especial atención para Becerril. «Serán prioritarias», afirmó. Una de sus primeras acciones será realizar propuestas al anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima que elabora el Gobierno.
Sin gastos de protocolo
La Defensora del Pueblo detalló que el presupuesto de la institución es de 14 millones de euros y que su sueldo asciende a 115.000 euros. Dentro de los recortes, que en sueldos serán los mismos que los que se apliquen en el Parlamento —el 7,14 por ciento— se eliminan departamentos como protocolo —«que no hace falta», dijo—, el uso de varios vehículos oficiales, no se cubrirán bajas por jubilación y se realizaran los viajes «imprescindibles».
Entre otras prioridades, anunció la elaboración de un informe sobre el ruido en grandes y medianas ciudades para incluir recomendaciones dirigidas a ayuntamientos vinculadas a la supervisión y la adopción de otras medidas.
«Llegan muchas quejas en este sentido y es un asunto que afecta al derecho de la privacidad de las personas», indicó.
La defensora mostró la intención de reforzar las recomendaciones a las administraciones, de hacer evaluaciones internas cada quince días «para analizar el ritmo de trabajo» y de aumentar las relaciones con la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para exponerle cada mes las quejas que «resumen los problemas del país».
La institución tiene previsto presentar un informe monográfico sobre la trata de seres humanos en España con motivo de la celebración, el 23 de septiembre, del Día Internacional contra la trata de personas.
Además, Becerril avanzó que en los primeros siete meses del año casi la mitad de las quejas —el 46% de las recibidas, 5.500— son de carácter económico, el 15 por ciento sobre seguridad y justicia (1.776), el 11 por ciento de medio ambiente y vivienda (1.296) y el mismo porcentaje de migraciones (1.282).
Respecto a asuntos vinculados a la sanidad, se han presentado el 5 por ciento (542), similar porcentaje sobre empleo (562) y un 2 por ciento, en relación con el mecanismo de prevención de la tortura (271). De los escritos dirigidos al Defensor, 10.728 fueron de personas , 2.388 colectivos y 177 de oficio.
«A cinco meses de finalizar el año hay 5.500 quejas en temas de economía y hacienda y todo el año pasado hubo 5.800; ya en estos meses hemos superado la totalidad del año anterior; es evidente que este año iba a haber más quejas, nos vamos a ir probablemente al doble», ha vaticinado.