Rivero: "Canarias no puede aceptar que el Gobierno del PP maltrate y asfixie a los canarios"

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha señalado que esta comunidad autónoma "no puede aceptar tras haber cumplido con el objetivo de déficit que el Gobierno del PP maltrate y asfixie a los canarios".

Así lo ha aseverado este miércoles en declaraciones a los medios tras haberse dado a conocer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que Canarias tendrá que recortar 120 millones de su presupuesto en 2013 debido al límite de deuda que el Estado le ha fijado para ese ejercicio, que será del 12 por ciento.

Paulino Rivero ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy "quiere que los canarios paguen el desgobierno de las comunidades gobernadas por el PP" y "quiere tratarnos a todos por igual, incluso a aquellos que han hecho el esfuerzo de cumplir estrictamente con los objetivos del déficit".

"Canarias está cumpliendo con el Estado y éste no está cumpliendo con Canarias. Nos están estrangulando, nos están asfixiando, nos están maltratando", ha recalcado el mandatario canario.

Rivero ha incidido en que Canarias es "la única Comunidad Autónoma que ha hecho un trabajo de saneamiento y, por tanto, es la menos endeudada", por lo que consideró una "injusticia" que tenga que ajustarse más en su objetivo de déficit.

"Esto va a tener una repercusión directa en la calidad de los servicios que se le presta a las personas. Lo que está haciendo el Gobierno del PP --y algunos aplauden-- al final sólo tendrá repercusión en la gente", advirtió.

Más recortes

Respecto al nuevo recorte de 120 millones de euros, el jefe del Ejecutivo canario ha hecho hincapié en que lo más importante en estos momentos es que "se trate a Canarias con justicia", de manera que cada canario "perciba lo mismo que un catalán, un vasco o un gallego para los servicios esenciales".

En su opinión, "eso en España no está ocurriendo, y hay ciudadanos de primera categoría y otros de segunda, como Canarias, Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, entre otras".

Esto ha provocado que el presidente canario se haya reunido ayer en Madrid con sus homólogos de Valencia y Murcia, y este fin de semana con el de Andalucía, en aras de constituir un grupo de trabajo que exija al Estado que cumpla con los ciudadanos que viven en estas regiones. "Tenemos los mismos derechos a exigir la misma calidad en la educación, la sanidad y la atención social", apostilló.

En cuanto al recurso de anticonstitucionalidad que ha anunciado que va a presentar el Gobierno de Andalucía, Paulino Rivero ha asegurado que el Ejecutivo canario "hará todo lo que esté en sus manos y más para conseguir que haya justicia".

Ahora bien, ha insistido en que lo más importante es constituir "una mayoría social" en Canarias, pues "el Gobierno solo no va poder reivindicar justicia para el archipiélago, sobre todo en aquellas cosas que son básicas para los ciudadanos".

En este sentido, Paulino Rivero ha apuntado que en estos momentos se está produciendo una diferencia de inversión per cápita con respecto a la media de 384 euros menos en Canarias con respecto a otras comunidades.

"Si el Gobierno de España cumpliese con Canarias, no tendríamos ningún problema de financiación", ha recalcado el presidente autonómico, quien ha añadido que "lo no se puede hacer es que el archipiélago sea la región peor financiada y luego se le acogote con seguir limitando el gasto".

Desde su punto de vista, las islas deben tener un margen mayor de deuda, pero "quieren tratarnos igual a todos: a las comunidades despilfarradoras del PP con aquellas comunidades que han tenido una actitud ejemplar en la gestión de sus recursos públicos".

"Unilateralidad" del Gobierno

El presidente de Canarias ha señalado también que por parte del Gobierno de Rajoy ha habido hasta ahora "unilateralidad, autoritarismo, malas formas, falta de diálogo abierto y sincero".

"El Estado no se puede manejar con un látigo donde domestica a los suyos y nos mete al resto en un problema que van a pagar los ciudadanos", consideró Rivero, quien ha abogado por "rebelarnos" para "no retroceder 30 años hacia atrás en las políticas del bienestar", concluyó.