Desactivan dos bombas en Vigo cuyo objetivo era volar una antena
Los artefactos, colocados por la Resistencia Galega, eran caseros.
Los Tedax de la Policía Nacional desactivaron ayer dos artefactos explosivos colocados por el grupo independentista Resistencia Galega en el monte Sampaio, ubicado en las afueras de Vigo. Eran artefactos «rudimentarios» pero «destructivos» que, de haber explosionado, podrían causar «daños importantes», tanto físicos como materiales, ya que estaban enterrados bajo una caseta próxima a un repetidor de televisión y radio, según explicó el subdelegado del Gobierno en Galicia, Samuel Suárez.
La policía se desplazó a la zona después de que el Faro de Vigo fuese informado de la ubicación y hora de explosión de los artefactos por un hombre que se identificó como Ernesto Castro, aunque los investigadores suponían ayer que se trata de una identidad falsa. Una tercera bomba casera de baja intensidad explotó la el lunes bajo una torre de comunicaciones de la misma zona, antes de que llegasen la policía y los bomberos. Estaba a pocos metros de los dos desactivados.
Juárez, que calificó en todo momento a Resistencia Galega como «grupo terrorista», confirmó que todavía no hay ninguna detenido por estos hechos. «Es un grupo terrorista que si no hace más daño es porque no puede», subrayó.
Los dos artefactos desactivados servirán como pistas para tratar de dar con los autores. Uno de los dos explosivos caseros se fabricó con una botella de plástico de litro, medio llena de gasolina, y amarrada con cinta a 36 cohetes. El segundo era una botella más pequeña, con líquido inflamable, unida a dos petardos y un bote de gas butano, según fuentes gubernamentales. Los dos artefactos no llegaron a estallar pese a que se había prendido la mecha, precisó Juárez.
Desde su aparición en el 2005, con la publicación de un manifiesto independentista, Resistencia Galega ha colocado ya varias bombas caseras. Casi siempre ollas con explosivos más o menos potentes con la que atenta contra los intereses de bancos, promotoras inmobiliarias, partidos políticos, y sindicatos de ámbito estatal.