El etarra Troitiño seguirá entre los más buscados para evitar que se fugue
La Audiencia mantiene la orden de captura para que Reino Unido no lo excarcele.
Interpol tiene intención de mantener la búsqueda activa Código Rojo , máxima prioridad, contra el etarra Antonio Troitiño, preso en una cárcel británica desde su detención el pasado 29 de junio, hasta que no se consiga su extradición a España.
La policía transnacional tiene claro que podría haber «problemas legales» para su entrega a la Audiencia Nacional, que lo reclama para cumplir condena hasta el 2017, y le mantiene en la lista de los más buscados. El objetivo es evitar que en cualquier momento la justicia británica le deje en libertad provisional y este aproveche para huir del país como hizo el etarra José Ignacio de Juana Chaos.
Estos problemas legales para extraditar a Troitiño, condenado por más de 22 asesinatos perpetrados entre 1983 y 1986, se refieren a los cambios de criterio que planteó la Fiscalía británica desde su detención en Londres y su posterior ingreso en prisión. Una situación que le valió un cruce de mensajes con la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, quien reclama que Troitiño cumpla su condena hasta el 2017 en aplicación de la doctrina Parot.
Dos soluciones
El 19 de julio, la Fiscalía británica sugirió a la sección presidida por el magistrado Alfonso Guevara la conveniencia de dejar en libertad provisional al etarra. Para ello argumentó la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por aplicar la doctrina Parot, que eleva el máximo de prisión hasta los 30 años. Pese a saber que el Gobierno español anunció un recurso ante la Gran Sala, los fiscales británicos ofrecieron dos posibles soluciones a la Sección Tercera. Bien que deje sin efecto la orden de busca y captura —lo que supondría acatar la resolución de Estrasburgo— o bien que acuerde la libertad provisional de Troitiño a la espera de que la sentencia adquiera firmeza.
Ese mismo día, el tribunal de la Audiencia Nacional respondió a la Fiscalía británico que no debe de dejar en libertad provisional al etarra, ya que la sentencia que le obliga a seguir en prisión hasta 2017 es «firme e inmediatamente ejecutiva». La providencia recordó, además, que aún le quedan por cumplir cinco años y nueve días de cárcel, por lo que la sección no puede establecer fianza o cualquier otra condición que no suponga su reingreso en prisión.
Los argumentos del tribunal surtieron efecto y un día después, el 20 de julio, la jueza británica Daphne Wickham rechazó concederle la libertad provisional tras el cambio de postura de la Fiscalía.