La juez no da validez a la citación que la policía ha enviado a Sánchez Gordillo
La investigación judicial y la de las fuerzas de seguridad en torno a la participación del alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, en el asalto a un Mercadona de Écija recorren caminos diferentes.
Este lunes el regidor y diputado autonómico por IU conoció que agentes de la Policía Nacional habían registrado en el ayuntamiento de su localidad una citación a su nombre para que se presente en los juzgados de la localidad sevillana. Pero esta citación no fue enviada por la magistrada encargada de llevar a cabo la investigación, como reiteraron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La instrucción del caso continúa, aseguran, y en la medida que esta avance la juez valorará si existen indicios de ilegalidad en su contra. De ser así, enviará la causa al tribunal superior, dada la condición de aforado de Sánchez Gordillo que le otorga su escaño en el Parlamento andaluz. Afirman las mismas fuentes que el proceso judicial debe seguir el camino que establece el derecho, y la citación recibida por el regidor no lo hace al no haber sido emitida por los órganos pertinentes, en este caso el tribunal superior, único habilitado para someter a juicio a un aforado andaluz.
De momento, ayer el alcalde de Marinaleda ya avanzó que no acatará la citación al ser ilegal y no provenir del tribunal superior, sino de la policía. Aún así, se mostró dispuesto a renunciar a su condición de aforado, privilegio, sin embargo, inherente a la condición de diputado andaluz y que solo se puede perder entregando el acta. Y, en cualquier caso, el alcalde dejó claro que no tiene intención de dimitir de su cargo de parlamentario autonómico.
La actitud de Sánchez Gordillo ha suscitado numerosas críticas entre el PP y miembros del Gobierno. Uno de los últimos en referirse a ello fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien denunció el viernes que solo «faltaría que algunas personas se erigieran en una especie de salvadores de la patria, que se crean que están por encima del bien y del mal, que no les juzgarán y aplicarán el Estado de Derecho y que se pueden saltar las leyes como ellos quieran».
El alcalde de Marianaleda respondió al ministro que no necesita de «ninguna protección ni red» ya que no cometió ningún delito y llegó a declarar que para él «sería un honor» ir a la cárcel a causa de acciones de este tipo. «Que se enteren de una puñetera vez», zanjó.
La instrucción de la magistrada de Écija avanza al margen de la notoriedad que brinda al caso la presencia de Sánchez Gordillo entre los investigados.