La forense certifica que Uribetxebarria «no se encuentra en fase terminal»
Concluye que el etarra puede ser tratado desde la cárcel de su enfermedad.
Josu Uribetxeberria Bolinaga, el etarra condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y que estuvo en prisión en la cárcel de Mansilla de las Mulas, padece un cáncer con metástasis, pero «en la actualidad no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos» en relación con su grave enfermedad.
El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del preso, internado en el Hospital Donostia de San Sebastián, donde ha estado 15 días en huelga de hambre para denunciar su situación, sostiene que «el tratamiento actual del enfermo es compatible con ser llevado por los servicios médicos del centro penitenciario», ya que tiene un 50% de probabilidades de superar los 11,3 meses de vida.
La forense Carmen Baena, no obstante, reconoce que si el recluso accede a someterse a un tratamiento de radioterapia —padece un cáncer riñón con metástasis en el cerebro— «sí debería realizarse en un centro hospitalario» ante la incapacidad de los centros penitenciarios para tratarle con la maquinaria adecuada. Las conclusiones periciales del informe, de seis folios, ya está en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, quien esperará al informe de la Fiscalía antes de decidir, resolución que con total seguridad tomará la próxima semana.
El propio fiscal jefe, Javier Zaragoza, aseguró el 20 de agosto que su informe «no estaría antes de 10 días». Pero los precedentes en casos similares confirman que ningún preso controlado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria continúa en la cárcel con una esperanza de vida inferior a un año, y a Bolinaga la forense le ha dado 11,3 meses. Esa esperanza de vida encajaría en el concepto de riesgo patente que exige el Código Penal para dejar en libertad condicional al enfermo
Precedentes
Existe un caso de enero de 2011 en el que etarra Mikel Ibañez Oteiza, condenado por asesinar al empresario Francisco Javier Zabaleta en 1988, fue excarcelado por razones humanitarias para ser tratado por un linfoma, y tres meses después falleció. Su libertad condicional, en todo caso, estuvo precedida por una serie de obligaciones excepcionales, como llevar una pulsera de control telemático para mantenerlo vigilado, entre otras medidas cautelares.
Entonces el juez contó con el visto bueno del fiscal de la Audiencia Nacional. Contradicciones Lo más curioso del ‘caso Bolinaga’, más allá de la polvareda política que ha levantado en las últimas dos semanas, son las contradicciones entre los informes médicos sobre su estado de salud.
El diagnóstico del Hospital Donostia, donde se encuentra internado el recluso, concluía que estaba en una situación «irreversible», y que tenía un 90% de probabilidades de morir en un año. También el informe médico de la cárcel alavesa de Zaballa, donde fue acercado el secuestrador de Ortega Lara procedente de León dada la gravedad de su salud. El centro penitenciario señaló que sólo dispone de enfermerías para casos de atención primaria, no para tratar un cáncer. Este argumento fue utilizado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para justificar la concesión del tercer grado por «razones humanitarias», en virtud del artículo 104.4 del reglamento penitenciario.