El último consejero de Empleo achaca las irregularidades de los ERE a un «abuso de confianza»
El consejero andaluz de Empleo durante la pasada legislatura, Manuel Recio, defendió ayer en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los ERE la legalidad del procedimiento para la concesión de ayudas a empresas en crisis. Aseguró que las irregularidades, que cifra en un 3%, se produjeron por un «abuso de confianza» de determinadas personas de la Consejería de Empleo, al tiempo que subrayó la rápida respuesta de la Junta de Andalucía para recuperar lo defraudado tras conocer las anomalías.
Recio, parlamentario regional por Almería, abrió la segunda semana de comparecencias en la comisión de investigación. Durante su intervención, y a preguntas de los parlamentarios, repitió que «no hay que confundir la legalidad con los abusos de aplicación» de las normas. Según dijo, las ayudas que se concedieron fueron «excepcionales y no arbitrarias» aunque si «discrecionales», e insistió en defender su transparencia dado que no solo se aprobaban en el Parlamento andaluz y eran conocidas por los sindicatos y los empresarios sino que, además, «nadie» puso reparos en su concesión ni en su procedimiento, en alusión a los posibles informes de la Intervención General alertando sobre el sistema.
Como ocurrió desde que saltó el caso del supuesto fraude de los ERE, el que fuera consejero de Empleo entre 2010 y 2012 —con José Antonio Griñán— resaltó la «respuesta inmediata» del Gobierno andaluz. Se inició una investigación interna sobre las pólizas de los 5.982 trabajadores que cobraron ayudas desde la puesta en marcha del procedimiento y se detectó que las irregularidades —los llamados intrusos — representaban el 3% de los casos, una cifra que a su juicio podía ocurrir en cualquier departamento administrativo.