La larga carrera hacia la competitividad
En el 2006 la adaptación a la Organización Común del Mercado del azúcar obligó a productores e industria a eliminar seis millones de toneladas de producción en el conjunto de la UE, casi medio millón de ellos en España. Un drástico recorte que se ha llevado a cabo con ayudas a las rentas agrarias afectadas, con el objetivo de mejorar los cultivos para favorecer la competitividad.
Ahora la Comisión Europea cambia las reglas del juego (como ha ocurrido también con otro de los sectores básicos de la economía provincial, el carbón) y propone en su proyecto de reforma de la Política Agraria Común (PAC) terminar con el sistema de cuotas (y por tanto de producción subvencionada) a partir del 30 de septiembre del 2015.
El argumento es que es la única opción para que el sector pueda mejorar su competitividad a corto plazo, ya que las cuotas limitan las posibilidades de exportación de la UE ante la OCM mientras la mayoría de los países en desarrollo tienen un acceso ilimitado a mercado comunitario con operaciones libres de aranceles.
La propuesta, rechazada tanto por el Parlamento Europeo como por productores remolacheros e industria azucarera (otra similitud con el caso de la minería subvencionada), plantea que a partir del 2016 los precios se fijen entre las fábricas y los cultivadores.
Estabilidad
La Mesa Nacional del Sector Remolachero (de la que forman parte Asaja, Coag, UPA, CNCRCA y Azucarera) advierte de que esta medida perjudicará gravemente al sector, que vive una cierta estabilidad gracias al sistema de cuotas que regula el mercado interno comunitario. Lo protege de la volatilidad en los precios internacionales del azúcar, que han llegado a generar incluso problemas de abastecimiento en algunos países.
Cultivadores e industria coinciden en que en el escenario actual mantener el sector es inviable si se retira el marco en vigor, por lo que reclaman que se mantenga al menos hasta el 2020. «Sin un precio atractivo la producción de remolacha en España está abocada a la desaparición», argumentan; y advierten de que no sólo se perdería empleo y riqueza sino que se pondría también en peligro el abastecimiento de azúcar.
Porque la reducción del mercado remolachero nacional ha provocado que el país sea deficitiario y tenga que importar anualmente unas 800.000 toneladas de esta materia.
El caso es que, con argumentos que resapaldan también la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura ante las autoridades europeas, se exige que la nueva regulación mantenga el sistema de cuotas al menos hasta el 2020, que se garantice el precio mínimo para la remolacha y que las medidas que se tomen protejan al mercado interior de las fluctuaciones de los precios internacionales, y que se impulse así la modernización de los cultivos para hacerlos competitivos en este margen temporal.