La defensora del Pueblo investigará el desalojo de inmigrantes del islote
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investigará el desalojo y entrega a Marruecos de 73 de los inmigrantes ilegales que la semana pasada ocuparon el islote de Tierra, a escasos metros de la costa norteafricana.
El proceso se ha iniciado tras las denuncias presentadas por varias ONG que consideran que el Gobierno violó la ley de Extranjería al echar a los indocumentados sin abrir un expediente de expulsión individualizado ni atender a las posibles demandas de asilo político, como estipula la legislación para todos aquellos inmigrantes que se encuentren en suelo español.
La defensora ha elevado una petición a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le informe de cómo se llevó a cabo el proceso de desalojo, así de si los indocumentados recibieron una atención humanitaria adecuada durante los días que permanecieron en el inhóspito islote. Becerril esperará ahora a recibir la información solicitada antes de emitir un dictamen, respuesta para la que no hay estipulado un plazo determinado de tiempo.
Una solución duradera
El Gobierno, por su parte, es consciente de que la expulsión de los inmigrantes del islote de Tierra es una solución temporal ante un problema que puede reactivarse una vez las fuerzas de seguridad marroquíes relajen el dispositivo desplegado en torno a las plazas españolas situadas frente a sus costas.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, subrayó ayer la necesidad de que se alcance una solución duradera a esta nueva crisis migratoria. Y para ello, dijo, es necesario alcanzar un acuerdo entre España y Marruecos en el que se implique también la Unión Europea «porque al fin y al cabo estas son también sus fronteras».