El Gobierno se prepara para una nueva ofensiva para que deje sueltos a etarras
Tras la campaña de los enfermos, los de la ‘doctrina Parot’ y la condena casi cumplida.
El caso Bolinaga es solo la punta del iceberg. La polémica por la excarcelación de Josu Uribetxebarria es sólo el primer movimiento de una compleja partida que se promete larga entre el Gobierno y la izquierda abertzale y en la que está en juego la disolución de ETA. El tablero de la partida son las cárceles, el único campo en el que el Ejecutivo está dispuesto a hacer algún gesto, aunque muy limitado. Y siempre a cambio de que el beneficiado reniegue de ETA.
Los responsables penitenciarios y los mandos de las fuerzas de seguridad ya han avisado que esperan, al menos, tres ofensivas. La primera, la de los etarras gravemente enfermos. Uribetxebarria Bolinaga es el primero, pero los colectivos de apoyo a los presos ya han comenzado las movilizaciones para reclamar la excarcelación de otros 13 reclusos.
El siguiente paso será redoblar la presión para conseguir la puesta en libertad de los 173 internos que han visto alargada su condena por la aplicación de la doctrina Parot.
La izquierda abertzale, como tercer paso, quiere redoblar sus esfuerzos para reclamar la excarcelación de los 131 internos que, según Etxerat —el colectivo de familiares de los reclusos— siguen presos en las cárceles de España pese ha haber cumplido entre las 2/3 y las 3/4 partes de su condena, lo que tenía que haber llevado su puesta en libertad condicional.
Menos polvareda
Bolinaga no es, ni mucho menos, un caso único. Desde 1996 una cuarentena de presos de ETA han sido excarcelados por motivos de salud sin levantar demasiada polvareda. Puestas en libertad de activistas conocidos como las de Esteban Nieto, Santiago Díez o Jon Idígoras, que murieron poco después de pisar la calle, no fueron, sin embargo, tan contestadas.
Pero la fuerte carga simbólica de este recluso —fue uno de los cuatro secuestradores del funcionario José Antonio Ortega Lara— ha convertido este asunto en el epicentro de la polémica, además de provocar el cisma definitivo entre el PP y las asociaciones de víctimas. Años de convivencia en sana armonía contra los gobiernos socialistas se han ido por el sumidero con la decisión de otorgar al preso un régimen de semilibertad, aunque fuera en el hospital.
Esta misma decisión, además, ha desempolvado viejas y enconadas rencillas dentro del partido gobernante, algo que no se veía desde aquella segunda derrota de Mariano Rajoy frente a José Luis Rodríguez Zapatero en el 2008.
El Gobierno y el PP, paradojas de la política, han encontrado más respaldo y comprensión en este episodio entre los socialistas y el PNV que entre sus propias filas.
Más ‘bolinagas’
Y esto es solo el principio, porque habrá muchos más ‘bolinagas’ en breve. El mundo radical vasco se prepara para poner en marcha varias campañas similares a la del recluso enfermo de cáncer. El colectivo de presos, ha celebrado con bombo y platillo el «éxito» de las movilizaciones y preparan nuevas ofensivas cortadas por el mismo patrón a favor de la excarcelación o mejora de los 446 internos aún fieles a la disciplina de ETA y que el Gobierno mantiene dispersos por 47 centros de toda la península.
El Ejecutivo de Rajoy está listo para esa avalancha de movilizaciones y se afianza en su estrategia que comenzó en enero, al poco de tomar las riendas del país: endurecer de manera callada la política penitenciaria como respuesta a las crecientes exigencias del entorno más próximo a ETA. Y es que a pesar de las críticas por la supuesta indulgencia con Bolinaga, ahora recurrida por la Fiscalía, lo cierto es que Interior viene mostrando desde hace ocho meses su versión más dura en las cárceles. Fernández Díaz ha fijado la dispersión y el alejamiento de presos como eje central de su política penitenciaria.
