Diario de León

CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno dará el visto bueno a la reforma recentralizadora de la educación

La séptima ley educativa de la democracia reducirá el poder autonómico para decidir contenidos escolares. El borrador del ministro Wert propone dos reválidas para obtener los títulos de ESO y Bachillerato

José Ignacio Wert, en una imagen de archivo.

José Ignacio Wert, en una imagen de archivo.

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ANTONIO M. YAGÜE / Madrid
León

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El Consejo de Ministros de este viernes dará previsiblemente luz verde al primer texto articulado de la futura ley de mejora de la calidad de la educación (LOMCE), que abre la puerta a una reducción del poder de las comunidades autónomas a la hora de fijar los contenidos curriculares, y propone dos reválidas o exámenes estatales para obtener el título de ESO y Bachillerato.

Actualmente el Ejecutivo central determina en las comunidades con lengua propia, como Catalunya, el 55% de los contenidos, y en las que no la tienen, el 65%. El Ministerio de Educación considera necesario aumentar ese porcentaje, hasta el 65% y el 75% respectivamente, por la necesidad de reforzar las asignaturas instrumentales o básicas (Matemáticas, Lengua, Ciencias e Inglés). Los gobiernos de Catalunya, País Vasco y Andalucía ya han anunciado que no admitirán esta modificación porque invade sus competencias y que recurrirán la futura ley ante el Tribunal Constitucional.

El objetivo general de la LOMCE, la séptima ley orgánica de educación de la democracia, es según el ministro José Ignacio Wert reducir el abandono escolar temprano, casi el doble de la media europea, y mejorar los resultados mediocres en exámenes internacionales como el famoso PISA.

Nuevo ciclo de FP

Según el borrador, se adelantará la opción de los alumnos a elegir la formación profesional (FP), creando un nuevo ciclo dentro de la enseñanza obligatoria (la FP básica, que dará acceso a un título propio), y se establecerán evaluaciones externas al final de cada etapa. Así, habrá una reválida para obtener el graduado de la ESO. Será una evaluación final, uniforme en toda España, que tendrá un peso del 30%.

También habrá dos evaluaciones de idéntica naturaleza, pero sin trascendencia curricular para el alumno, en 3º y 6º de Primaria, con el fin de detectar precozmente las deficiencias en lectura, escritura y aritmética básica y poder aplicar apoyos y refuerzos.

La futura ley instaurará asimismo otra evaluación nacional para obtener el título de Bachillerato que pesará el 40%, y cada universidad podrá decidir el valor que da a esa evaluación para matricularse en una carrera o si quiere exigir una nota determinada, un examen adicional o una entrevista. Serán evaluaciones no solo de conocimientos, sino de competencias transversales.

Estructura similar

Tras el debate preliminar con la comunidad educativa y más de 4.000 aportaciones ciudadanas, el Gobierno se ha echado atrás en su intención de modificar la estructura del sistema educativo. Así, el borrador mantiene el actual esquema de 4+2 (cuatro cursos de Secundaria obligatoria y dos de Bachillerato o FP media) en lugar de ir a un 3+3, debido al caos organizativo que dicho cambio generaría en las estructuras de centros y profesorado. En su lugar, se ha optado por adelantar a 4º de ESO la elección de vías hacia estudios posobligatorios.

Otra novedad del borrador es que se dotará a los directores de los centros de la potestad de adaptar los recursos humanos "a las necesidades derivadas de los mismos". Para poder participar en el concurso de méritos de directores habrá que haber superado un curso selectivo sobre desarrollo de la función directiva.

Segregación por sexo

La reforma incluirá, según ha anunciado Wert, una precisión para que los colegios que educan separadamente por sexos puedan acceder al concierto con las administraciones educativas. Tras el visto bueno del Consejo de Ministros al anteproyecto, se abrirá el trámite de consultas preceptivas con los agentes educativos, las comunidades autónomas y el Consejo Escolar del Estado. El texto volverá luego al Consejo de Ministros y llegará al Congreso de los Diputados para ser debatido a principios del 2013.

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