Artur Mas juega con la amenaza de una declaración unilateral de independencia

El Gobierno de Mariano Rajoy se esmera en mantener la calma. La Generalitat aprieta en su pulso. Apenas 24 horas después de que que Artur Mas abandonara el palacio de la Moncloa con un rechazo inequívoco a su propuesta de pacto fiscal, el portavoz de su Ejecutivo, Francesc Homs, se atrevió a pintar escenarios futuros y dejó en el aire la amenaza de un adelanto electoral —que ya se da por seguro— y de la posterior proclamación de un Estado de Cataluña por parte del Parlamento autonómico.

El Ejecutivo se niega por el momento a dar carta de naturaleza a un escenario que de momento es pura ficción. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría evitó en varias ocasiones especificar cuáles son los resortes de que dispone el Estado para hacer frente a un reto de semejante calibre y se limitó a repetir, en su habitual comparecencia tras el Consejo de Ministros, que llegado el caso el Gobierno «hará lo que tenga que hacer, que es cumplir y hacer cumplir la ley».

Pero, en todo caso, subrayó que jurídicamente la cámara catalana no tiene potestad para declarar unilateralmente la independencia. «El único titular sería la totalidad del pueblo español a través de una reforma agravada de la Constitución», apuntó. Eso fue todo.

Rebajar la tensión

El objetivo del día era rebajar la tensión y trasladar el mensaje de que la situación es reconducible. Y para ello, la mano derecha de Rajoy reiteró punto por punto los argumentos supuestamente empleados por el jefe del Ejecutivo en su entrevista con Mas; argumentos que, claramente, cayeron en saco roto. «Son momentos difíciles y la inestabilidad política añade crisis a la crisis», reiteró una vez más en un llamamiento a la «responsabilidad».

A pesar del desdén con el que Mas recibió la contraoferta en la víspera, el Gobierno apuesta ahora por mantener viva la opción de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, vigente sólo desde el 1 de enero del 2009, en esta legislatura. Sáenz de Santamaría alegó que son muchas las comunidades que consideran que el actual modelo —pactado entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Generalitat de José Montilla tras años de negociaciones— «no es el mejor» y conminó a discutirlo.

Lo cierto es que la propia ley que regula ese sistema —y de la que están excluidos el País Vasco y Navarra— recoge la obligación de hacer una evaluación de sus resultados en el 2013. Es decir, que lo que ofrece el Gobierno no va mucho más allá de lo acordado en su día por el Consejo de Política Fiscal Financiera, con la salvedad de que abre la puerta a iniciar ya el diálogo en la Conferencia de Presidentes prevista para el 2 de octubre.

¿Y en qué dirección estaría dispuesto a avanzar? Eso es lo que aún no concreta. La principal queja de Cataluña siempre fue que aporta más de lo que recibe o, dicho de otro modo, que su nivel de renta per cápita antes de contribuir a los mecanismos de solidaridad está por encima de la media y, después, queda claramente por debajo; algo que también sucede con Madrid y Baleares.