Griñán y Chaves defienden la legalidad del procedimiento para otorgar ayudas

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, defendieron ayer la legalidad del procedimiento para otorgar ayudas sociolaborales a empresas en crisis y a los ERE, aunque han manifestado que tenía elementos que podían ser mejorables.

Ambos intervinieron ayer ante la comisión de investigación de los ERE irregulares que se celebra en el Parlamento andaluz, y cerraron la segunda y previsiblemente última ronda de comparecencias, tras la que la comisión estudiará las declaraciones y emitirá sus conclusiones, a la espera del informe de la Cámara de Cuentas.

Durante su comparecencia, Griñán aseguró que el interventor de la Junta nunca detectó fraude ni menoscabo de fondos públicos y que sólo informó de «discrepancias» con el procedimiento.

Dijo que la Intervención nunca le pidió que actuara, cuando fue consejero de Economía y Hacienda -entre 2004 y 2009-, por irregularidades en la concesión de las ayudas.

Griñán, que en todo momento defendió que el procedimiento era legal, dijo que esta comunicación «en ningún momento» se le trasladó a él como consejero ni se le pidió «ninguna intervención».

A pesar de ello, Griñán admitió que se han producido «actuaciones ilícitas» en la utilización de fondos, algo que deben asumir «pidiendo disculpas a la ciudadanía», corrigiéndolas y «tratando de impedir que puedan repetirse en un futuro».

Por su parte, Chaves afirmó que en «ningún momento el Consejo de Gobierno» que presidió «conoció, informó, avaló o aprobó medidas irregulares o actos ilegales» en relación al programa 31L.

Chaves, que confesó que su fuente de información del caso ERE han sido los medios de comunicación, precisó que la ejecución del programa 31L era competencia de la Consejería de Empleo.

Fondo de rescate

Las peticiones al fondo de rescate de las comunidades autónomas indican que sólo las necesidades de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, la última en pronunciarse, absorberán el 75% de los 18.000 millones de euros con los que estará dotado. Lo cierto es que no se esperaba que la Junta de Andalucía solicitara una cifra tan elevada como la que ayer anunció su consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo: 4.906 millones de euros.