El apoyo a la consulta soberanista
CiU, ERC, Iniciativa, Solidaritat y Laporta votan a favor; PP y Ciutadans lo rechazan .
El ‘Parlament’ catalán proclamó ayer de forma solemne que el pueblo de Cataluña tiene derecho a «determinar libre y democráticamente su futuro colectivo» e instó al Gobierno que surja de las urnas en las elecciones del próximo 25 de noviembre a convocar una «consulta prioritariamente dentro de la próxima legislatura». La resolución final del debate de política general que dio por concluida la novena legislatura catalana, cuando aún no ha llegado al ecuador de la misma, salió adelante con el voto a favor de casi dos tercios de los diputados de la cámara autonómica, en concreto 84 de los 135 escaños. El texto, propuesto de forma conjunta por CiU y Esquerra Republicana, afirma que Cataluña «ha de iniciar una nueva etapa basada en el derecho a decidir» y reclama a la Generalitat que emprenda un «diálogo con la comunidad internacional» para favorecer el proceso de reconocimiento de Cataluña en el mundo. La resolución pactada por Esquerra y Convergència contó con el respaldo de Iniciativa, Solidaritat per la Independència y Democracia Catalana, el partido de Joan Laporta. Aunque estos dos últimos exigían un documento más ambicioso desde el punto de vista identitario, al final respaldaron el de CiU y Esquerra para dar una imagen de unidad dado el momento histórico.
PP y Ciutadans votaron en contra de la consulta, y el PSC se quedó entre dos aguas y se abstuvo. Los socialistas no dieron libertad de voto a sus parlamentarios para evitar fugas soberanistas.
La foto de resumen de la legislatura deja, por tanto, un hemiciclo catalán con dos bloques bien definidos, los soberanistas frente a los constitucionalistas, con los socialistas enmedio, abanderando una tercera vía para tratar de no quedar atrapados ni por el españolismo de unos ni por el soberanismo de otros.
Desde el Gobierno
No habrá referéndum ni separatista ni soberanista ni para convertir a Cataluña en un estado libre asociado dentro del Estado español. El Gobierno no titubeará a la hora de usar todos los instrumentos jurídicos y constitucionales que tiene a su alcance para evitarlo, según aseguró ayer Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta explicó tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo tiene dos armas esenciales para frenar la pretensión que anunció el presidente catalán, Artur Mas, en el ‘Parlament’. Si el Gobierno autonómico que salga de las urnas el próximo 25 de noviembre convoca el referéndum mediante la Ley 4/2010 de Consultas Populares de Cataluña, el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentará un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional. La norma catalana de consultas prevé la capacidad de veto de la Moncloa a cualquier acto plebiscitario impulsado por la Generalitat.
Si el próximo Gobierno catalán intenta colar el plebiscito mediante otro resquicio legal, el Ejecutivo de Rajoy planteará directamente un recurso de inconstitucionalidad que supondría, con tan sólo la admisión a trámite del recurso por parte del tribunal que preside Pascual Sala, la suspensión inmediata de la consulta.