El juez concluye que Interior no tuvo nada que ver en el ‘Faisán’
Dice que no hay indicios para acusar al ex director de la Policía .
El juez Pablo Ruz enterró ayer, casi de forma definitiva, la supuesta implicación del Ministerio del Interior que entonces dirigía Alfredo Perez Rubalcaba en el chivatazo a ETA en el 2006. El magistrado de la Audiencia Nacional procesó ayer por el soplo al aparato de extorsión de la banda terrorista exclusivamente al ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, ex jefe de la Brigada de Información de Álava. Acusa a los dos de colaboración con banda armada y revelación de secretos, por lo que solicita que sean juzgados en el tribunal central de Madrid y no en los de Irún. La Sala de lo Penal tendrá, no obstante, la última palabra.
Según el relato del instructor, la delación a los presuntos recaudadores del impuesto revolucionario fue una idea que partió de Pamiés y no de su superior directo, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, quien queda apartado del sumario. Ruz, como sostenía la Fiscalía, considera que no hay pruebas de que el máximo responsable policial por entonces estuviera al tanto del chivatazo u ordenara el soplo. Afirma además que tras las «nuevas diligencias practicadas» después de que hace un año la Sala de lo Penal anulara el procesamiento de los tres imputados «no se desprende indicio alguno concreto, específico y adicional respecto a los ya valorados por la sala». Insiste en que su investigación no ha arrojado pruebas nuevas para acusar a García Hidalgo con un «mínimo de objetividad, razonabilidad y suficiencia indiciaria».
Sí «aparecen motivos bastantes», en cambio, para sentar a Pamiés y Ballesteros por confabularse para intentar «frustrar» la operación policial que se iba a desarrollar en la frontera aquel 4 de mayo del 2006 contra los supuesto responsables del aparato de recaudación de ETA.
En su exposición de los hechos, Ruz, a diferencia de lo que hizo hace un año, obvia cualquier referencia al ex director general de la Policía.