Apuntan a responsabilidades de los ex consejeros de Empleo en los ERE
El máximo órgano fiscalizador de la Junta de Andalucía ha puesto en evidencia el cúmulo de irregularidades registradas en la Consejería de Empleo en relación a las ayudas concedidas a empresas en crisis, en el conocido como caso de los ERE fraudulentos.
En su informe, la Cámara de Cuentas constata el «abuso del margen de discrecionalidad» en el uso de la partida para dichas ayudas, cuya cuantía final cifra en 1.217 millones de euros incluidos los intereses y la desviación de deuda. Apunta a que las responsabilidades políticas trascienden la Dirección General de Trabajo y atañen al máximo nivel de la Consejería de Empleo al no existir delegación de competencias.
Un calendario dilatado
El extenso informe, de 180 páginas, fue entregado ayer, con un mes de retraso, a la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los ERE, que tuvo que dilatar por segunda vez su calendario a la espera de uno de los documentos vitales para elaborar sus conclusiones.
La cámara se muestra tajante y pone de manifiesto que, pese al carácter excepcional de las ayudas a empresas en crisis, su vigencia durante una década justificaba la necesidad de que existiera un procedimiento que las regulara. La ausencia acabó permitiendo «un abuso en el margen la discrecionalidad», plasmado en detalles como la concentración de ayudas en una determinada zona geográfica o un grupo empresarial.
Una irregularidad similar se cometió en el caso de las ayudas sociolaborales o prejubilaciones, concedidas también con un procedimiento «al margen de la legislación vigente», ya que no se fijó un umbral de edad, coberturas o condiciones, por lo que se acabaron produciendo irregularidades como los ‘intrusos’, que la cámara cifra en 323.