Los abogados creen que el copago deja fuera de la Justicia a muchas personas
El Consejo General cuestiona la constitucionalidad de la nueva ‘tasa Gallardón’.
Conforme se acerca la fecha crece el malestar entre uno de los mayores colectivos profesionales de este país: los abogados. La subida generalizada de las tasas judiciales que ha proyectado el Ministerio de Justicia, y que mañana miércoles aprobará el Congreso por vía de urgencia, tiene al gremio compuesto por más de 125.000 personas en pie de guerra.
El enfado de los letrados es doble. En primer lugar porque aseguran que la subida media de los recursos judiciales y otros trámites entre 50 y 750 euros limita el acceso de muchos ciudadanos a la administración de Justicia. Del otro lado, porque este «peaje» planeado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón para paliar la saturación de los juzgados y sufragar la justicia gratuita supondrá una «auténtica sangría» para los despachos modestos, que perderán clientes e ingresos. «Nos van a mandar a todos al paro», resumió el presidente provincial de un Colegio de Abogados. El 89% de los bufetes cuentan con menos de tres socios; son de tamaño pequeño y están especializados. Si la subida de tasas toca los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos, todos salvo penal, el número de letrados afectados potencialmente es mucho mayor.
Unas y otras
Las subidas más espectaculares son las de las apelaciones en civil y contencioso-administrativo, que aumentan 500 euros, y las casaciones en esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En el caso de la jurisdicción social, los casos de súplica y casación, que hasta ahora eran gratuitos, tendrán a partir de ahora unas tasas de 500 y 750 euros. El Consejo General de la Abogacía Española también ha puesto el grito en el cielo por la «exagerada cuantía del tributo» y hace un mes envió una propuesta de enmiendas a los diputados para modificar el proyecto de ley de Gallardón. Haciéndose eco de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que apoyaba que sólo las empresas con elevada facturación pagaran tasas para financiar la actividad jurisdiccional, el Consejo pone algunos ejemplos para dudar de la «constitucionalidad» . «Recurrir por la vía judicial una multa de tráfico de 100 euros tras agotar las alegaciones exige pagar 200 euros, 80 euros más que lo estipulado en la actualidad presentar un ulterior recurso de apelación aumenta a 300 a 800 euros; y el caso de un fontanero al que le deben una factura de 90 euros y decide recurrir al proceso monitorio deberá pagar 100 euros».