El PP vuelve a rechazar la puesta en marcha de la Oficina de Control Presupuestario

El PP ha vuelto a rechazar este martes una enmienda de Unión del Pueblo Navarro (UPN) a los Presupuestos Generales de 2013 que urgía a habilitar una partida para poner en marcha la Oficina Parlamentaria de Control Presupuestario, que se creó por ley en 2010 para facilitar la transparencia de las cuentas públicas y que aún hoy sigue sin constituirse.

Ha sido en la reunión de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, donde el diputado del PP Juan Manuel Albendea ha explicado que su partido se opone a dicha enmienda "por motivos de austeridad" y porque en momentos como los actuales ésa no es una prioridad.

Según ha dicho, esa Oficina, que se creó hace dos años mediante una proposición de ley apoyada por todos los grupos parlamentarios, se acabará poniendo en marcha, pero ahora, según ha insistido, "no es el momento más adecuado" debido a la crisis por la que atraviesa el país.

"No se puede gastar más"

En este sentido se expresó el presidente del Congreso, Jesús Posada, en una reciente entrevista con Europa Press, en la que aseguró que dicha Oficina no se activaría hasta que se revisara su diseño y tanto la Cámara Baja como la Alta se asegurasen de que no supondrá más gasto para las Cortes.

"Lo vamos a poner en marcha, pero en un momento de austeridad como en el que estamos lo que no se puede es gastar más", manifestó Posada, quien en su día, como presidente de la Comisión de Presupuestos, fue quien presentó ante la Cámara Baja dicha proposición de ley.

Esta institución, que tiene por objeto evaluar la ejecución de las cuentas públicas desde el Parlamento, es una reivindicación clásica de los grupos de la oposición que finalmente salió adelante hace ahora dos años por unanimidad fijándose para febrero de 2011 la fecha de su creación, si bien desde entonces ni PSOE ni PP han dado un paso más.

Las encargadas de poner en marcha este instrumento para imprimir mayor transparencia en el uso del dinero público son las Mesas del Congreso y el Senado, que deberán aprobar una resolución para regular la organización y funcionamiento de la Oficina, y al frente de la cual deberán colocar, previo acuerdo con los grupos parlamentarios, a una persona de "reconocido prestigio profesional en disciplinas económicas, financieras o presupuestarias".