El Constitucional avalará el matrimonio homosexual
La mayoría progresista rechazará el recurso del PP.
Celebración de una boda homosexual en el Ayuntamiento de Lérida.
El Tribunal Constitucional se dispone a validar la reforma del Código Civil impulsada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, que permitió contraer matrimonio a las parejas homosexuales y les garantizó idénticos derechos legales que a las tradicionales uniones heterosexuales, incluidos los de sucesiones y adopción.
Después de siete años de tramites y debates, el pleno del Constitucional se reunirá hoy por la tarde para votar el borrador de sentencia elaborado por el magistrado Pablo Pérez Tremps, que rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 30 de septiembre de 2005 por el PP y ratifica que el término «matrimonio» es lícito para describir las uniones civiles entre personas del mismo sexo y perfectamente compatible con lo dispuesto en la Carta Magna de 1978, según informaron fuentes próximas a la corte.
Si el pleno se desarrolla según lo previsto y se produce la votación, el sector progresista del tribunal cuenta con una mayoría de al menos seis magistrados partidarios de respaldar la sentencia que propone Pérez Tremps. La mayoría está encabezada por el propio presidente, Pascual Sala, y permitiría validar la ley aprobada por el Congreso el 30 de junio de 2005. Terminaría así la incertidumbre jurídica que arrastran las cerca de 25.000 parejas de gays y lesbianas que han contraído matrimonio civil en estos siete años.
El pleno que resolverá el recurso de los populares está compuesto solo por once de los doce miembros del Constitucional ya que Francisco Hernando tuvo que abstenerse en esta causa para asegurar la apariencia de imparcialidad del tribunal. Hernando quedó invalidado para el debate debido a que en enero de 2005, en su condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial, emitió un voto decisivo para que el órgano de gobierno de los jueces aprobase un informe técnico en el que se dudaba de la constitucionalidad de la reforma del Código Civil que proponía Zapatero, por entender que «desnaturalizaba la institución del matrimonio» contenida en el artículo 34 de la Carta Magna, que entendían exclusiva de las uniones de distinto sexo.
El estudio respaldado por el entonces presidente del gobierno de los jueces también ponía en tela de juicio la posibilidad de adopción de las uniones homosexuales. El informe quedó marcado por la intencionalidad política, ya que, en una decisión muy infrecuente, fue elaborado a iniciativa propia de la mayoría conservadora y sin que fuese ni requerido ni deseado por el Ejecutivo.
La resolución de este recurso se ha eternizado en el Constitucional, además de por la fuerte división ideológica entre los miembros del pleno, que ralentizó su tramitación, por la cantidad de tiempo que tuvo que dedicar el tribunal a otras impugnaciones urgentes, como la que falló sobre el Estatut catalán en el verano de 2010.