El Gobierno está decidido a frenar la propagación del euro por receta

El Gobierno está decidido a acabar con el cobro de un euro por receta en las farmacias de Cataluña y Madrid y, sobre todo, a evitar el contagio, a impedir que otras comunidades autónomas al límite de la suspensión de pagos, varias de ellas dirigidas por el PP, tengan la tentación de explorar esta nueva fuente de ingresos para las arcas públicas.

Mariano Rajoy, que la semana pasada se desayunó de forma sorpresiva con que una comunidad autónoma gobernada por su partido se sumaría en 2013 a un sistema de copago que había criticado con dureza cuando en junio lo implantó Artur Mas, ha decidido terminar con los iniciales paños calientes y hablar claro aunque le suponga un enfrentamiento directo con el presidente madrileño, Ignacio González, que ayer mismo se reafirmó en su intención de implantar la tasa a partir del 1 de enero. No será el primer pulso político entre el heredero político de Esperanza Aguirre y el líder popular, que han mantenido históricos desencuentros.

El Ejecutivo da de plazo hasta el próximo mes de diciembre a las dos comunidades autónomas para dar marcha atrás en la medida o, caso contrario, acudirá al Tribunal Constitucional para denunciar una invasión de las competencias exclusivas del Estado en legislación básica sanitaria. Este movimiento supondría la paralización inmediata del cobro de la tasa -el Constitucional está obligado al bloqueo cautelar en cuanto admita a trámite el recurso- y la posterior derogación definitiva si la corte acepta los argumentos del Gobierno.

Rajoy va a intentarlo primero por la vía de la conciliación. Hace varias semanas que existe una comisión bilateral entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Generalitat que trata de convencer a los catalanes de que han invadido atribuciones del Estado y de que deroguen la tasa. Si Madrid acaba por aprobar el tributo dentro de su ley de Presupuestos para 2013 se le dará igual trato y oportunidad. Pero la oferta extrajudicial tiene fecha límite: diciembre. Si no hay acuerdo, actuará el Constitucional.

El jefe del Ejecutivo, en declaraciones a la Cope, dejó ayer clara su postura. «A mí no me gusta» el cobro del euro por receta, dijo, y no lo va a permitir. Se reafirmó en que el único copago farmacéutico que autorizará el Gobierno es el que ya está en marcha desde el verano en la mayoría de las autonomías, que supuso el abono por los pensionistas de parte de sus medicinas y el aumento del porcentaje que tienen que pagar los afiliados activos, vinculada en ambos casos las cuantías al nivel de renta, pero con la exclusión de parados de larga duración sin prestaciones.

El también líder nacional de los populares señaló que «creemos que no es bueno» implantar esta nueva tasa, que a diferencia del copago gubernamental no discrimina entre rentas, porque, además, «no se puede pagar dos veces por lo mismo», abonar a un tiempo el euro por receta y el porcentaje obligado en cada visita a la farmacia.

Los avisos gubernamentales parecen surtir efecto porque ninguna otra comunidad popular ha amagado con seguir el ejemplo de Madrid.